Guadalajara, Jal. En Jalisco, el índice del estado de derecho se ha mantenido estancado desde la llegada al cargo en 2018 del actual gobernador Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano, y continúa en el lugar 24 entre los estados del país en cumplimiento de ocho indicadores para hacer la medición, de acuerdo a los parámetros del World Justice Project (WPJ), por debajo del promedio nacional.

El coordinador del Frente Nacional de Juristas en Defensa de la Constitucionalidad, Carlos Aldana Ortiz, durante el Primer Congreso Nacional sobre el Estado de Derecho en México, recordó que en su cuarta edición el WPJ organizó en ocho factores los indicadores medibles para ubicar con mayor precisión la situación de gobernanza en cada una de las entidades del país.

“Son en primer lugar los límites al poder gubernamental, seguido de la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal”, dijo en su presentación realizada en el Congreso de Jalisco junto a otros invitados.

Según el puntaje otorgado por la WPJ, Jalisco está en la posición 24 de las entidades del país con 0.38 puntos sin avance ni retroceso respecto a anteriores mediciones, debajo del 0.41 que es el promedio nacional y muy lejos del primer lugar nacional, Querétaro, que suma 0.49 y además aumentó 2 décimas entre 2021 y 2022.

“A octubre de 2022 los resultados del índice muestran un deterioro en materia de estado de derecho en gran parte de las entidades del país. Este año, fueron más los estados que mostraron retrocesos que aquellos que mostraron avances. Es un deterioro que contrasta con los patrones observados en las ediciones anteriores y se explica por el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico; el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia anticorrupción”, explicó Aldana.

Agregó que dichos indicadores muestran que “estamos en presencia de un estado fallido porque para que exista un estado de derecho debe haber elementos sustantivos, entre otros que se garantice la paz de los habitantes y ciudadanos”.

El Congreso Nacional sobre el Estado de Derecho en México reunió a representantes de los tres poderes de gobierno tanto estatal como federal y en el mismo también se informó que según datos del Índice Global del Estado de Derecho 2022, México ocupó el lugar 115 de 140 países.

En sus disertaciones en el coloquio la coincidencia general fue que debe existir gobernanza basada en el respeto a la Constitución y una gobernanza necesaria para lograr la paz y justicia social, según lo que expresaron oradores como Porfirio Muñoz Ledo, el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carranca; Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, entre otros.