San Diego. Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Joe Biden levantar las restricciones al asilo impuestas durante la presidencia de su predecesor, las cuales han sido la piedra angular de la seguridad fronteriza desde el inicio de la pandemia de covid-19.

El juez de distrito Emmet Sullivan falló en Washington que la aplicación de la medida —que calificó de “arbitraria y caprichosa”— debe terminar de inmediato para familias y adultos solos. El gobierno no la ha aplicado a los niños que viajan sin compañía de un adulto.

En cuestión de horas, el Departamento de Justicia solicitó al juez permitir que su orden entre en vigor el 21 de diciembre, dándole cinco semanas para prepararse. Los demandantes, incluyendo a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), no se opusieron al aplazamiento.

“Este periodo de transición es crítico para garantizar que (el Departamento de Seguridad Nacional) pueda llevar a cabo su misión de proteger las fronteras del país y realizar sus operaciones fronterizas de manera ordenada", escribieron los abogados del gobierno.

Sullivan, quien fue designado por el presidente Bill Clinton, escribió en su decisión de 49 páginas que las autoridades no consideraron el impacto en los migrantes ni posibles alternativas.

El fallo parece entrar en conflicto con el emitido en mayo por un juez federal en Luisiana, quien ordenó que se mantuvieran en vigor las restricciones al asilo.

En caso de mantenerse el fallo de Sullivan, representaría un vuelco para la seguridad fronteriza. Estados Unidos ha expulsado a migrantes en más de 2.4 millones de ocasiones desde que la regla entró en vigor en marzo de 2020, negándoles a los migrantes el derecho a solicitar asilo consagrado en las leyes federales e internacionales con el argumento de evitar la propagación del covid-19.

La regulación fue autorizada en virtud del Título 42 de una ley de 1944 que abarca la salud pública.

Antes de que el juez en Luisiana mantuviera la medida en vigor en mayo, funcionarios federales dijeron que elaboraban planes para lidiar con hasta 18 mil migrantes al día en caso de que fuera necesario. En mayo hubo un promedio de 7 mil 800 detenciones diarias de migrantes, la cifra más alta de la presidencia de Biden.

Grupos defensores de los migrantes han presionado intensamente por ponerle fin al Título 42, pero demócratas más moderados como los senadores federales Mark Kelly, por Arizona, y Raphael Warnock, por Georgia, querían que se mantuviera la medida cuando el gobierno intentó retirarla en mayo.

La medida se ha ejercido de forma desigual por nacionalidad, aplicándose principalmente a migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos, debido a que México les permite a esos expulsados permanecer en su territorio. México comenzó a aceptar el mes pasado a venezolanos que son expulsados de Estados Unidos en virtud del Título 42, lo que ha causado un marcado descenso en el número de venezolanos que solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos.

Las nacionalidades con menos posibilidades de estar sujetas al Título 42 se han vuelto una presencia cada vez más frecuente en la frontera, confiados en que serán liberados en territorio estadunidense en lo que se procesan sus casos migratorios. En octubre, los migrantes cubanos representaron la segunda mayor cifra, sólo detrás de los mexicanos y seguidos por los venezolanos y nicaragüenses.

La demanda fue interpuesta por la ACLU a nombre de solicitantes de asilo. El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que la decisión de Sullivan invalida el fallo en Luisiana.

“Esta es una enorme victoria para los solicitantes de asilo desesperados a quienes se les ha prohibido siquiera obtener una audiencia debido al uso indebido de las leyes públicas”, declaró Gelernt. “Con suerte este fallo pondrá fin a este horrendo periodo de la historia de Estados Unidos en el que dejamos de lado nuestro compromiso solemne a brindar refugio a aquellos que son perseguidos”.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Justicia respondieron de momento a una solicitud de comentarios.

Aaron Reichlin-Melnick, abogado de políticas para el American Immigration Council, un grupo defensor de los inmigrantes, distinguió el fallo de Sullivan frente al del juez federal Robert Summerhays, de Luisiana —nombrado por el presidente Donald Trump—, que se aplicaba únicamente a la manera en que el gobierno de Biden intentó poner fin al Título 42. Sullivan consideró inválida toda la medida.

En tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo ayer que invocó las cláusulas de invasión de las constituciones de Estados Unidos y del estado para lidiar con el ingreso en cifras récord de inmigrantes indocumentados en la frontera con México bajo el actual gobierno de Joe Biden.

“Invoqué las cláusulas de invasión de las constituciones de Estados Unidos y Texas para autorizar plenamente a Texas a tomar medidas sin precedentes para defender a nuestro estado contra una invasión”, tuiteó Abbott.

Aunque las directivas están en vigor desde hace bastante tiempo, Abbott afirmó que su orden permite desplegar miembros de la Guardia Nacional y policías estatales en la frontera entre Texas y México con la autoridad para arrestar a inmigrantes que crucen de manera ilegal.

Además, dijo, a través de la orden, puede construir un muro fronterizo adicional, desplegar cañoneras en el Río Grande, designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, impulsar la cooperación con otros estados de Estados Unidos para abordar la migración ilegal y celebrar acuerdos con países como México para mejorar la seguridad fronteriza.