San Cristóbal de Las Casas, Chis. La masacre perpetrada hace 16 años en la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, en la que seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por paramilitares, “sigue impune”, denunciaron nueve organismos civiles, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
El 13 de noviembre de 2006 también se perpetró el desplazamiento forzado de 36 personas, la privación ilegal de la libertad y tortura de la joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 debido a la tortura física y emocional que padeció, así como la desaparición de cuatro personas, las cuales fueron halladas enterradas un año después, en un paraje cercano a Viejo Velasco.
“La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, Ocosingo (en la Selva Lacandona), cuando en un operativo paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad”, afirmaron los colectivos.
Dijeron que, de acuerdo con las investigaciones de la agrupación llamada Xi’nich, apoyada por de organizaciones de la sociedad civil de la entonces Misión Civil de Observación, “los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder como: AR-15 y AK-47”.
“También se documentó la presencia de cinco fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social”.
Las agrupaciones, entre ellas el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, aseguraron que “a 16 años de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño”.
Añadieron que “la Fiscalía de Chiapas sigue sin realizar una investigación completa y efectiva, mientras el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se mantienen en silencio, y los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen impunes”.
Expresaron que la FGE “nunca contó con un plan de investigación y desde hace años ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, ancianos que desaparecieron y tras la excarcelación del compañero indígena Diego Arcos, continúa la criminalización en contra de otros cinco compañeros que en su momento auxiliaron a las víctimas.
“La masacre se dio en el contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio y al resguardo y manejo de los bienes naturales de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; los pobladores se enfrentaron a una política de despojo territorial, social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano”, concluyó el comunicado.
