La titular del juzgado noveno de distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, Karla María Macías Lovera, excedió en sus facultades al decretar la suspensión provisional del decreto que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indicó el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja.

En su exposición semanal en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario remarcó que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación analizar las acciones que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

Subrayó que este tipo de actuaciones judiciales ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y generan impunidad en el país.

Señaló que, en un primer momento, la juzgadora determinó la suspensión de un decreto emanado del poder Legislativo. La resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto.

Sin embargo, agregó el subsecretario, la impartidora de justicia dictó una nueva resolución y estableció una suspensión definitiva. La determinación fue recurrida por el Ejecutivo federal porque la jueza se excedió al generar efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión.

Confió en que el tribunal colegiado que analizará el caso revoque esta nueva suspensión.

Por su parte, el presidente López Obrador criticó la actuación de la juzgadora y exhortó al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación y buen comportamiento de los togados.

Aunado a ello, lamentó que el Congreso de ese estado sea el único Legislativo local que hasta ahora ha votado en contra de la reforma constitucional para ampliar hasta 2028 la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Consideró que estas decisiones no aportan en beneficio de la seguridad de los guanajuatenses, pues se trata de la entidad donde más asesinatos se reportan. El miércoles, señaló, se registraron 64 homicidios en el país, y 14 de ellos, equivalente a 22 por ciento, en Guanajuato.

No obstante estas decisiones, el mandatario refirió que el Ejército, la Marina y la GN continuarán participando en tareas para la seguridad en el estado. Una cosa son los jefes políticos de ultraderecha y otra el pueblo de Guanajuato, ni modo que los dejemos en estado de indefensión.

En otra crítica a una actuación judicial, el subsecretario Mejía se refirió al caso del juez de control Álvaro Niño Cruz, especializado en el sistema penal acusatorio, que ordenó la libertad de dos detenidos por elementos de la Marina en altamar que transportaban en una embarcación 600 kilogramos de cocaína y agredieron a los marinos.

El juzgador calificó de ilegal la aprehensión con el argumento de que se dio fuera de la zona económica exclusiva, donde supuestamente la Armada no cuenta con facultades legales. Ante esta determinación, indicó el subsecretario, la Fiscalía General de la República apelará.

“No obstante todos estos elementos –la droga decomisada y el ataque a los marinos–, el juez decretó ilegal la detención y los puso en libertad, aquí ya nada más faltaba que les regresara los 600 kilogramos de cocaína.”