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Respalda Centro Prodh a jueza por determinación sobre la GN

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La jueza otorgó una suspensión al decreto que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Foto Pablo Ramos / Archivo
10 de noviembre de 2022 14:45

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) respaldaron la labor de la jueza Karla Macías, titular del juzgado noveno de distrito con sede en Guanajuato, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a verificar la actuación de los jueces como ella, otorgó una suspensión al decreto que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“La jueza Karla Macías es una de las mejores (si no es que la mejor) de este país. Ha emitido sentencias protectoras en defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, incluido el tema de desaparición. Todo mi reconocimiento y respeto a su trabajo”, expuso en redes sociales la comisionada Quintana.

Consideró que de lo que se debería estar hablando es de la impunidad “casi total (crimen perfecto CED -Comité contra la Desaparición Forzada- dixit)”.

Argumentó que el 93 por ciento de los delitos no se denuncia, del 7 por ciento que sí, 91 por ciento no llega nunca a un juez o jueza. “La desaparición es el delito con mayor impunidad 99 por ciento. Las sentencias de la jueza Macías están en el 1 por ciento”.

Por su parte el Centro Prodh igualmente destacó que la trayectoria de Karla Macías es “ejemplar. Lamentamos que sigan los señalamientos del Gobierno federal contra jueces”.

El problema de impunidad, sostuvo, “son las Fiscalías y eso no ha cambiado”.

Por su parte, Fundación para la Justicia, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, rechazaron “todo ataque a juezas y jueces que están cumpliendo con su mandato” de respetar la Constitución, y exigieron “respetar la división de poderes”.

 Pidieron al CJF instaurar un sistema de protección para los juzgadores que sean “atacados o criminalizados por realizar su trabajo”, y llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva las “controversias y amparos sobre militarización”.

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