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Aprueban el PEF 2023; la oposición busca atarlo con reservas

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Sesión en la Cámara de Diputados donde se discutió ayer la Ley de Egresos 2023, en la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez
09 de noviembre de 2022 08:25

Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 –que considera un gasto por casi 8.3 billones de pesos– y de inmediato decretó un receso para organizar las más de 2 mil 500 reservas de todas las bancadas, que pretenden modificar íntegro el proyecto de decreto, desde el título, los antecedentes, las consideraciones de la comisión, los cinco títulos con todos los artículos y los transitorios, hasta la fecha.

Poco antes de las seis de la tarde, y tras la presentación de posturas en favor y en contra por más de cuatro horas y media, la mesa directiva anunció el resultado de la votación 273 en favor de Morena y sus aliados, y 222 en contra de PRI, PAN, MC y PRD.

La Cámara avaló de hecho sólo el cascarón del PEF, pero el dictamen de la Comisión de Presupuesto tuvo que aprobarse en lo general, porque el reglamento únicamente prevé que debe votarse antes de pasar a la discusión en lo particular. No hay una alternativa cuando los legisladores pretenden modificar todo el documento.

El año pasado se presentaron mil 994 reservas, una cifra que ya era histórica en una discusión del presupuesto, y anoche el conteo era de unas 2 mil 500, la mitad de Acción Nacional.

La sesión se reanudará este miércoles a las 10 de la mañana. Ante el cúmulo de reservas, se calcula que la discusión lleve al menos tres días, en jornadas de 10 horas. La estrategia de Morena es aprobar el PEF antes del domingo, cuando es cumpleaños del Presidente.

No hubo recorte

Ayer, las posturas derivaron en las críticas de la oposición al centralismo del presupuesto, el incremento en las partidas para las obras insignias del Ejecutivo y al supuesto recorte de 4 mil 475 millones de pesos al gasto del Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde la tribuna, Rosendo Medina Filigrana (Morena) aclaró el punto. “No se puede recortar lo que nunca se ha tenido. Se hicieron ajustes a las pretensiones de los órganos autónomos, pero no hay uno solo que vea disminuidos sus ingresos. Vienen a decir que le quitamos 4 mil 25 millones de pesos al INE, que los quería para una consulta popular, que no se va a realizar, porque el plazo vence el 30 de noviembre. En realidad, lo que quería era engordar el cochinito de sus fideicomisos para sus pensiones y seguir viviendo en la opulencia a costillas del pueblo”.

Montserrat Arcos (PRI) cuestionó que, si el país no tiene rumbo, con el presupuesto “caminamos en la cuerda de la incertidumbre, porque se enfoca a satisfacer un deseo de permanencia en el poder y no a resolver los problemas de fondo. Aquí se ha citado a Benito Juárez, pero les dejo otro proverbio: ‘la soberbia antecede a la caída’. Y no se preocupen, tarde o temprano los veremos caer”.

Los discursos de PAN, PRD y MC redundaron en señalar que el presupuesto se reduce a cumplir los caprichos presidenciales. Margarita Zavala expuso que el recorte de 6 mil 437 millones de pesos a las cámaras, el Poder Judicial y a los órganos constitucionalmente autónomos se reasigna casi en su totalidad a Bienestar, para el rubro de pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad.

No obstante, afirmó que se trata de cubrir el aumento de 2 mil a 8 mil 263 en el gasto operativo de ambos programas. Ni un peso más a los adultos mayores, pero sí al ejército de promotores que quieren en las calles. No optan por los pobres, optan por los votos.

Carol Antonio Altamirano, secretario de la Comisión de Presupuesto por Morena, resaltó que de 8.3 billones previstos en el presupuesto, se incluyen casi 500 mil millones de pesos más para programas sociales, así como una inversión pública extraordinaria de más de un billón 190 mil millones de pesos.

Pero advertimos: ese esfuerzo no está apoyado por el sector privado nacional. Eso demuestra que fuerzas políticas y económicas apuestan a que le vaya mal al gobierno, dejando que el sector público se haga cargo de la mayor parte de la inversión y el esfuerzo.

 
 
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