La Cámara de Diputados realizó esta tarde la declaratoria de reforma constitucional que amplía a 2028, el plazo para que el Ejecutivo pueda disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional.

En la sesión de este martes, se informó que 19 congresos de los estados y el de la Ciudad de México aprobaron la reforma al artículo 5º transitorio del artículo 29 constitucional, en materia de Guardia Nacional y, tras la declaratoria, el proyecto de decreto se envió al Senado.

La secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta que hasta ahora los congresos que han validado la reforma, como parte del Constituyente Permanente, son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y el de la ciudad de México.

En las posturas de los partidos, el presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo Villarreal (PAN), recordó que la modificación a dicho transitorio prevé la obligación del Congreso de incluir un fondo para equipamiento y capacitación de policías estatales y municipales.

La aplicación de la reforma prevista implica que dicho fondo tendría que ser de casi 16 mil 500 millones de pesos para 2023, citó.

Villarreal dijo que se acusa que los estados donde gobierna el blanquiazul son los más violentos, pero “los cinco con más violencia los gobiernan ustedes (Morena), empezando por Colima, Zacatecas, Baja, Sonora y Morelos. Donde hay más homicidios es en los gobiernos ustedes, que han abandonado la seguridad de sus habitantes y no quieren darle recursos a los estados y municipios”.

También en la tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), consideró que la condición civil de la Guardia Nacional prevista en el artículo 29 constitucional, se respeta con la ampliación avalada, porque solo se extiende la vigencia de la atribución que le permite al Presidente disponer de la fuerza armada permanente manera complementaria. Solo se extiende su vigencia sobre la misma base, alcance y efectos jurídicos, indicó.

“En eso estamos, no hay nada que pueda en nuestra opinión afectar la condición republicana del gobierno civil del país y de la conformación de una federación con entidades, en donde es muy equivocado medir la violencia y los resultados a favor o en contra por las siglas del partido” que gobierna.

Ante las críticas por la militarización que implica el uso del Ejército y la Marina en la Guardia Nacional, el legislador justificó que el país requiere “ocupar lo que la República tiene, una fuerza militar muy bien armada, jerárquicamente competente, competente, especializada y disciplinada al poder civil. Ayuda y seguirá ayudando”.

Por su parte, Villarreal consideró “oportuno” que la declaratoria de constitucional ocurriera previo al inicio de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

Porque, recordó, en el artículo quinto transitorio modificado se estableció que debe crearse un fondo a partir del próximo año para apoyar a las policías estatales y municipales. “¿Y saben cuánto viene? Cero pesos con cero centavos”.

Citó que el fondo debe constituirse con al menos lo que resulte de la diferencia entre el presupuesto de las fuerzas armadas de un año al otro, más la diferencia del presupuesto de la Guardia Nacional de un año a otro.

Explicó que, para las fuerzas armadas, la cámara aprobó 82 mil 443 millones de pesos, mientras que para 2023 contará con 93 mil 38 en 2023, esto es 10 mil 595 millones más. Mientras que la Guardia Nacional cuenta este año con 62 mil millones de pesos, y para 2023 se le asignarán 67 mil 826 millones.

“Es decir, son casi 17 mil millones de pesos para reasignar en las próximas horas para cumplir con la Constitución y su palabra empeñada y tengamos un fondo para apoyar a las entidades federativas”, resaltó.