Nueva York. Los fiscales federales en el caso de Genaro García Luna argumentaron que los cargos por actividades que facilitaron el narcotráfico comienzan en 2001 y terminan en 2020, aun después de que dejó sus puestos oficiales en 2012, e informó al juez encargado del proceso que cuentan hasta ahora con 15 testigos de seguridad pública y seis testigos cooperantes.

En respuesta a una solicitud de los abogados de la defensa de García Luna para desechar varios de los cargos y exigir mayores detalles sobre los testigos de la fiscalía, presentada el 14 de octubre ante el tribunal federal en Brooklyn, donde se prepara el juicio, los fiscales afirman que el acusado utilizó sus altos puestos oficiales para ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios.

La acusación, precisa, es que entre enero de 2001 y julio de 2020, el acusado conspiró con miembros del cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, y que, en 2018, después de mudarse a Estados Unidos, mintió sobre su conducta en su intento por conseguir la ciudadanía estadunidense.

Los abogados de la defensa, encabezada por César de Castro, sostienen que se deben descartar cuatro de las acusaciones contra su cliente, alegando que éstas se formularon más de cinco años después de las supuestas actividades ilícitas que se alega cometió cuando ocupaba puestos oficiales y, por tanto, ya expiró el estatuto de limitaciones.

Sin embargo, en su respuesta registrada ante el tribunal, el fiscal federal Brean Peace y su equipo de cuatro fiscales asistentes aseguran que esas actividades continuaron hasta julio de 2020 (o sea, aun después de haber sido arrestado García Luna y encarcelado por las autoridades estadunidenses en 2019). Agregan que la defensa argumenta que cuando García Luna dejó el gobierno en 2012, ahí concluyó su participación en las actividades ilícitas.

La acusación incluye cinco cargos: participar en una iniciativa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y por hacer declaraciones falsas ante autoridades.

Se realizaron, según la acusación formal, entre 2001 y 2005, cuando García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación, y de 2006 a 2012, cuando fue secretario de Seguridad Pública.

En su alegato, los fiscales informan ahora que sus actividades ilícitas continuaron incluso después de abandonar los puestos oficiales, tal como indican las acusaciones formales.

Más aún, señalan que al fin del periodo del acusado en el gobierno no hizo nada para poner fin a la conspiración o para debilitar el vasto poder del cártel de Sinaloa y que su influencia, poder y contactos como un ex integrante del gabinete mexicano continuaron mucho más allá de su puesto público.

Los fiscales sostienen que la conducta del acusado después de 2012 comprueba que nunca abandonó la conspiración y que se demostrará en el juicio cómo mintió sobre su participación en tal conspiración en por lo menos dos ocasiones, en su solicitud para la ciudadanía estadunidense en 2018 y cuando primero fue arrestado en 2019, demostrando que nunca tuvo la intención de romper con el cártel de Sinaloa o renunciar a los objetivos de la conspiración.

En su argumentación en contra de la solicitud de la defensa de revelar la identidad de todos los testigos y fuentes de los fiscales en el caso antes del juicio, los fiscales resaltan que no están obligados a ofrecer una lista detallada y que ya han compartido suficiente información con la defensa sobre este asunto.

Por ejemplo, exponen que ya compartieron reportes sobre las entrevistas con aproximadamente 25 de los socios personales del acusado y ex socios profesionales de García Luna. También recordaron que ya han compartido material sobre 15 testigos de seguridad pública (no se identificó de cuál país) y por lo menos seis testigos cooperantes potenciales.

Entre la evidencia en estas entrevistas está la información sobre el cártel y sus métodos de operación, incluyendo el uso extenso de sobornos, declaraciones de algunos testigos sobre el acusado y los sobornos que aceptó y lo que hizo a cambio de esos pagos. Además, los nombres de otros miembros del gobierno mexicano con quienes trabajó el acusado en torno al negocio de narcotráfico del cártel de Sinaloa.

El juez Brian Cogan, del Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, donde se realiza el proceso judicial contra García Luna, ahora espera la respuesta de la defensa a estos señalamientos de la fiscalía la próxima semana y podría convocar a una sesión para argumentos presenciales sobre el asunto el 16 o el 18 de noviembre, antes de emitir su decisión sobre la solicitud de la defensa.

El juicio de García Luna está programado para iniciar el 9 de enero, aunque no se descarta la posibilidad de que sea postergado para febrero.