Lima. Más de 5 mil peruanos marcharon el sábado en Lima y exigieron la dimisión del mandatario Pedro Castillo, mientras grupos menos numerosos protestaron en otras ciudades, cuando faltan dos semanas para la llegada de una misión de la OEA que analizará la situación política del país sudamericano.

Con frases como “fuera Castillo” varios inconformes llevaban camisetas de la selección peruana de futbol, mientras otros cargaban letreros que decían “comunista”, “corrupto” o “ratero”. Castillo es el primer mandatario en ejercicio con cinco investigaciones preliminares de la fiscalía por presunta corrupción, pero por ley no puede ser acusado ni removido.

La marcha fue pacífica principalmente pero cuando los manifestantes se acercaban al Congreso policías a caballo les impidieron el paso y se inició un enfrentamiento. Algunos manifestantes arrojaron piedras y líquidos, mientras que la policía respondió con bombas lacrimógenas para dispersarlos.

En otras ciudades importantes de Perú como Arequipa, Huancayo y Cusco también hubo movilizaciones pero de menor escala.

Más temprano, Castillo dijo en un acto público que quienes piden su renuncia pretenden doblegarlo “con falsas acusaciones” y con “calumnias” en un país que afronta “tremendas desigualdades”.

El 20 de noviembre, llegará a Lima una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), integrada por cinco cancilleres para analizar la situación política local, la cual conversará con todos los poderes del estado peruano, organismos autónomos y miembros claves de la sociedad civil para luego elaborar un informe que entregará a su Consejo Permanente.

El 12 de octubre, el presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana para “preservar el legítimo ejercicio del poder” en el país sudamericano.

En más de un año de mandato, Castillo ha sobrevivido a dos intentos de vacancia por parte de la oposición en el Congreso que no llegó a alcanzar los 87 votos necesarios.

En Perú un presidente no puede ser acusado durante su gobierno porque la Constitución en su artículo 117 dice que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones o por impedir el funcionamiento del parlamento o de los organismos electorales.

Castillo alcanzó en octubre una aprobación de 28% y una impopularidad de 62%, mientras 10% no respondió, de acuerdo con un sondeo nacional del Instituto de Estudios Peruanos. El gobierno de Castillo empezó en 2021 y debe concluir el 28 de julio de 2026.