En México está surgiendo un “latifundismo urbano en manos de mafias”, en las que están involucrados ex funcionarios del sector, ex gobernadores y ex políticos, afirmó el director en jefe del Registro  Agrario Nacional (RAN), Plutarco García Jiménez.

“Hay inmobiliarias de Yucatán que compraron a 4 pesos el metro cuadrado de tierra y ahora lo venden en 10 mil dólares; Antonio Almazán, ex titular del RAN en ese estado, ahora es uno de los más grandes acaparadores”, aseguró. 

Entrevistado en la sede del Registro Nacional Agrario, refirió que cuando se realizó la reforma al artículo 27 constitucional, que permitió la privatización del ejido, México tenía más de 53 por ciento de propiedad social y actualmente ronda 50.7; “se redujo como en 3 millones y medio de hectáreas, desde ese periodo se ha perdido cerca de 5 por ciento, contando los dominios plenos ya consumados y las 31 mil solicitudes, de las cuales la mayoría están en proceso.

“Creían que empresas nacionales y extranjeras podrían comprar, pero al parecer no funcionó, porque el campesino mexicano es muy apegado a la tierra; recuerdo que uno de Anenecuilco (municipio de Ayala, Morelos) decía: ‘La tierra costó sangre, no la podemos vender’.”

García Jiménez consideró que es necesaria una nueva legislación en materia agraria, “porque nos enfrentamos a una (la que está vigente) que tiene en la mira privatizar y abrir el ejido al mercado de la tierra; (Carlos) Salinas se frotaba las manos porque decía: ‘tenemos 100 millones de hectáreas, con que se venda la mitad va a entrar mucho dinero al país’”.

Sobre el acaparamiento de parcelas por parte de la delincuencia organizada, aseveró que “no lo hacen mediante despojos violentos, como ocurrió en Colombia, sino que aquí, como tienen mucho dinero, compran predios a través de prestanombres, empresarios o inmobiliarias”.

Tienen también, agregó, conexiones con funcionarios de gobierno de algunos estados, incluso mandatarios, y eso les facilita hacerlo.

Plutarco García, hijo de campesinos guerrerenses, quien estudió en la Normal Rural de Ayotzinapa, en la Escuela Nacional de Maestros y ha sido protagonista de diversos movimientos sociales y políticos, consideró que la actual legislación limita al RAN, pues se ciñe a lo técnico; “no podemos investigar, sabemos de acaparadores, pero no estamos facultados para seguir a equis sujeto que consiguió tierras con recursos de procedencia ilícita”.

Sin embargo, subrayó, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República sí lo pueden hacer, “necesitamos cierto margen que nos permita otorgar información; por ejemplo, no podemos detener trámites aunque encontremos irregularidades”.

Había dos iniciativas para reformar la Ley Agraria por parte de los senadores morenistas David Monreal y José Narro Céspedes, presentadas en octubre y diciembre de 2018, respectivamente; sin embargo, están congeladas.

La de Monreal, en opinión de Carlos González, abogado de Ostula e integrante del Congreso Nacional Indígena, tiene el propósito de armonizar las disposiciones legales agrarias con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, así como con los privatizadores regímenes de concesiones mineras, de aguas y bienes nacionales.

En tanto, Narro Céspedes presentó un proyecto para crear el Código de Procedimientos Agrarios a fin de modernizar el sistema jurídico en la materia. Un ordenamiento, se expuso entonces, que regule los regímenes de tenencia que conforman el sistema de propiedad de la tierra (privado, colonial, ejidal, comunal y público), así como las instituciones jurídicas básicas de los modelos de propiedad ejidal y comunal (familia, sucesiones, contratos y usufructo).

Al abordar lo que ha pasado con la propiedad social en los últimos 30 años, el director del RAN recordó que desde que él asumió la dirección del órgano, en diciembre de 2018, se han recibido 31 mil solicitudes de dominio pleno (acto a través del cual los ejidatarios, posesionarios y avecindados obtienen la propiedad total de sus tierras), de las cuales más de 4 mil ya están resueltas y el resto en proceso.

“A los inmobiliarios, con diferentes agentes y gestores, les urge tener los títulos, pero si existe una irregularidad, no la podemos pasar, por lo que muchos de los acaparadores nos han demandado”, reveló.

–¿Considera necesaria una nueva Ley Agraria?

–Sí, una que en primer lugar garantice la propiedad social de la tierra, que no se siga reduciendo, que se considere a la parcela como patrimonio de la familia, que mantenga su carácter de inalienable, imprescriptible, intransferible.

“No necesariamente se trata de regresar el artículo 27, sino a un principio, pero los neoliberales, con tal de poner todo en el mercado, hicieron una ley que se puede considerar contrarreforma, contrario a la ley agraria.”

Por ejemplo, añadió, crearon la Procuraduría Agraria y los tribunales, “no como un freno, sino para que ayudaran a facilitar el mercado de tierras, y los tribunales, cuando empezaron a resolver querellas, siempre favorecieron la privatización, no la defensa de la propiedad social.

“Es a lo que nos enfrentamos ahora, está todo el sistema armado con esa lógica y hay que cambiarla; entendemos que el país, para su desarrollo, requiere tierras para carreteras, obras públicas y hospitales, pero que no sea mediante engaños y despojos a los campesinos por parte del comercio inmobiliario, que las vende multiplicando su valor”, reprochó.

García Jiménez dio a conocer que, en la actualidad, hay casos como el de un sujeto que es dueño de 5 mil parcelas en Yucatán, lo que también sucede en otros estados turísticos, como Guerrero y Quintana Roo.

Mencionó que se han interpuesto denuncias locales contra varios involucrados en estas ilegalidades, por lo que las autoridades correspondientes deberán proceder conforme a la ley.

–¿Evidentemente esta nueva ley debería combatir esas mafias agrarias?

–Así es, en una lógica que ponga en primer término la propiedad social, con candados para que la tierra no se privatice aceleradamente, como está ocurriendo.

–¿De qué manera cumple el RAN con su objetivo principal, que es ser guardián del patrimonio territorial en manos de ejidos y comunidades?

–Procuramos revisar minuciosamente las solicitudes y las condiciones en las que se presentaron, los requisitos, si los cumplen o si faltan. Eso hace que se detengan, pero, en ocasiones, los interesados se amparan; entonces muchos casos se van a litigio.

“Hay inmobiliarias que nos han demandado y pedido nuestra destitución, pero nuestra idea es cuidar que se cumpla la ley.”

Plutarco García destacó que el RAN maneja 55 trámites distintos, lo que considera excesivo, por lo que se deben reducir, compactar y simplificar a fin de combatir la burocracia, pero se requiere de una reforma a la Ley Agraria que le dé facultad al organismo para hacerlo.

“Tenemos un atraso de muchas décadas, trámites que nunca fueron atendidos, nos llegan compañeros campesinos y nos dicen ‘llevamos 40 años con este asunto’”, resaltó.

Admitió que hay muchas anomalías, como cuando no se cumple con la paridad de género en la asamblea ejidal o cuando participa gente que no es ejidataria o comunera; “si las detectamos, detenemos el proceso”.

Otro caso “es cuando un magnate inmobiliario se convierte en ejidatario; compra al comisariado, se mete al ejido y adquiere parcelas. La ley desgraciadamente no lo limita, porque si ya lo aceptaron en el núcleo agrario, puede comprar 100 parcelas o 200”.