Mexicali, BC. El acaparamiento de las tierras más productivas por empresas agroexportadoras, principalmente extranjeras, prevalece en Baja California; la propiedad ejidal se ha deteriorado por varias vías, principalmente el rentismo, y en algunos casos la venta de las parcelas, expuso José Zavala Álvarez, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

En los valles de la entidad se asentaron compañías como Berrymex (filial de Discroll’s) y Andrew and Williamson Fresh Produce (A&W) en San Quintín, la eléctrica Ienova en Tecate y Ensenada, Grupo México en San Quintín y Real de Ángeles en San Felipe.

De acuerdo con datos del gobierno de México, hasta 2016 existían en Baja California 238 núcleos agrarios, que comprenden 70 por ciento del territorio estatal, muy por arriba de la escala nacional, y 99 por ciento de esa superficie se encuentra regularizada e inscrita en el Registro Agrario Nacional.

A partir de la reforma a la Ley Agraria de 1992, que abrió la posibilidad de rentar o vender la tierra, en 178 de esos núcleos agrarios se ha autorizado el dominio pleno para 24 mil 679 parcelas, pero sólo 265 se privatizaron, es decir, 1. 07 por ciento del territorio del estado.

Es una situación espectacularmente crítica, señaló Zavala Álvarez, pues se estima que en el Valle de Mexicali, 86 por ciento de los propietarios originales no trabajan la tierra.

Explicó que con base en diversos estudios e investigaciones, 86 por ciento de los derechos originales de los terrenos del mencionado valle están en manos de personas que no eran los dueños, pero las compraron o rentaron.

Citó casos en los que un solo productor siembra ejidos completos, como los Gaona en el núcleo agrario Cuernavaca, y consideró un síntoma grave que la tierra se esté quedando en pocas manos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal considera el rentismo, desde el punto de vista social, una opción para quienes no pueden seguir en la actividad agrícola ni quieren deshacerse de su patrimonio, toda vez que les permite obtener ingresos fijos y que se siga explotando la superficie agrícola.

Viudas y agricultores de la tercera edad son quienes arriendan sus parcelas, más aún porque enviaron a sus hijos a estudiar a las zonas urbanas y a éstos dejó de interesarles la agricultura.

En el estudio Características sociodemográficas del productor del Valle de Mexicali, Zavala Álvarez expone que más de la mitad de los agricultores de esta región no obtiene más de 300 mil pesos anuales y, en particular, uno de cada cinco no alcanza ni 100 mil pesos. Además, 43 por ciento son adultos mayores.

San Quintín

En el municipio de San Quintín, quienes cultivan son pequeños agricultores y, sobre todo, empresas mexicanas y extranjeras.

Las corporaciones estadunidenses siembran en terrenos rentados y comercializan productos a partir de convenios con campesinos locales, lo que deriva en un proceso de concentración.

Anna Mary Garrapa, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte en su estudio Jornaleros agrícolas y corporaciones trasnacionales en el Valle de San Quintín que la extensión de la comercialización de fresas, que son mucho más sensibles que otros cultivos a la salinidad del agua y a la composición arenosa del suelo, ha contribuido a la expulsión de muchos pequeños productores que no tienen un capital de inversión suficiente para buscar líquido a profundidad o comprar máquinas desalinizadoras.

Además, explica, estas empresas desarrollan estrategias de expansión territorial para acaparar la producción invernal del valle; realizan acuerdos con agricultores locales, crean y apuntalan compañías mexicanas. Un caso es Driscoll’s, líder mundial del mercado de frutos rojos, que desarrolló biotecnología para variedades más resistentes y exporta productos a escala global, incluidos los de San Quintín, por medio de Walmart, Costco y Tesco.

Otro caso es A&W, que comercializa tomates y fresas con presencia en mercados de Estados Unidos y México.

Ambas trasnacionales, apunta Garrapa, aplican tres esquemas para relacionarse con productores locales: “compran la fruta desde empresas independientes; las involucran en una sociedad dotada de personalidad jurídica y con porcentajes variables de participación.

Crean un contrato por el cual una empresa concede a la otra, que le aporta bienes o servicios, una participación variable en las utilidades según lo acordado entre las partes.

Tanto A&W como Berrymex intervienen en los procesos productivos de sus proveedores mediante la entrega de variedades patentadas y anticipando los costos de algunos factores (fertilizantes, empaques, infraestructura para invernaderos), que se descontarán de la cuota final liquidada al productor, precisa en su estudio la investigadora.

Los agricultores se encargan de cultivar, hacer llegar toda la fruta empacada a las comercializadoras, los costos y la organización de la producción, el trabajo agrícola, el enfriado en los cuartos climatizados del valle y el transporte de la fruta, que queda bajo su responsabilidad hasta la entrega final en las bodegas fronterizas de las empresas, además de otorgar una comisión por el servicio de venta.

Valle de Guadalupe

En el caso de las tierras con vocación urbana, los propios núcleos agrarios se convirtieron en grandes inmobiliarias pues han lotificado, en la mayoría de casos, sin seguir la disposición que estipula la ley agraria para constituir fraccionamientos: adquirir el dominio pleno y seguir las leyes de crecimiento urbano que disponen las autoridades municipales.

Este fenómeno, que ocurre en los ejidos colindantes a las zonas urbanas, se repite en sectores de alta plusvalía, como el Valle de Guadalupe, donde el ejido El Porvenir se ha dedicado a vender sus parcelas a viticultores y grupos hoteleros como El Cielo e Hilo Negro.

En cuanto a los ejidos ubicados en la zona costera con vocación turística, el caso paradigmático son los núcleos agrarios contiguos al Mar de Cortés, desde Puertecitos hasta el puerto de San Felipe.

En las tierras comunales Matomí, Delicias, Tierra y Libertad e Independencia, el empresario Carlos Slim adquirió derechos agrarios durante los gobiernos federales que encabezaron los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. La tierra es ejidal, pues no tiene el dominio pleno; sin embargo, las parcelas están en posesión del magnate.

La principal trasnacional que renta parcelas y tierras de uso común en Baja California es Sempra Energy que, por medio de su filial Energía Sierra Juárez-Ienova, firmó contratos por 30 años (a renovarse en dos términos más, es decir, por 90 años) con el ejido Jacumé. Cada ejidatario recibe al mes 2 mil dólares.

El corporativo ha realizado obra social en la comunidad y hasta el momento ningún labriego se ha inconformado. La compañía mantiene la expansión de sus operaciones, como es el caso de La Rumorosa, donde hay acaparamiento de parcelas para proyectos de energía eólica.

En Baja California persisten algunos ejidos organizados para el uso comunitario, como el de San Antonio Necua (Cañón de los Encinos), en Ensenada, que realizan actividades conjuntas propias de su cosmovisión indígena kumiai, como la elaboración de jabones, actividades ecoturísticas y ganaderas.

Otro ejemplo es El Bramadero, cuyos integrantes han creado áreas destinadas voluntariamente a la preservación y producen frutos rojos de exportación en zonas de conservación y cuidado ecológico.