A más de tres semanas de que Estados Unidos modificó su política migratoria para las personas venezolanas que requieren solicitar asilo en ese país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la aplicación “de medidas restrictivas” como el Título 42, que en el contexto de la pandemia de covid-19, “dieron espacio a expulsiones sumarias” de migrantes que ingresan a territorio estadunidense.
Expuso que la imposición de tales condiciones puede representar un riesgo de vulneraciones a los derechos de las personas, y urgió al gobierno de Joe Biden a garantizar que los mecanismos de protección sean ofrecidos de manera proporcional al movimiento a gran escala de venezolanos y ampliar el alcance de las medidas de acceso a los territorios.
Refirió que según datos del propio Departamento de Seguridad Interna estadunidense (DHS, por su sigla en inglés), el promedio mensual de aprehensiones de personas provenientes de la república bolivariana en la frontera terrestre suroeste del país totalizó 15 mil 494 en el último año, con un aumento de más de 25 mil para el mes de agosto y 33 mil para septiembre. Mientras que en el periodo 2014-2019 se tenía un promedio de 127 por mes.
Ante estos datos, la CIDH destacó la insuficiencia de las medidas adoptadas -que disponen de 24 mil plazas para venezolanos que sean elegibles para solicitar asilo en Estados Unidos- frente a la magnitud de la situación que enfrentan esta población en movilidad humana.
Asimismo, resaltó “las dimensiones continentales de la crisis humanitaria en Venezuela” y la necesidad de medidas coordinadas e inclusivas por parte de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para responder de manera integrada a tales demandas de protección.
Refirió que de acuerdo con información de la Organización Internacional para Migraciones (OIM), solamente en los dos días anteriores a la vigencia de la nueva medida migratoria de Estados Unidos cerca de 4 mil personas habrían cruzado la zona fronteriza del Tapón de Darién, selva que separa Colombia de Panamá, enfrentando ocho días de una travesía caracterizada por la violencia y graves riesgos para su integridad.
Agregó que de acuerdo con información de la Plataforma Interagencial para Personas Migrantes y Refugiadas de Venezuela (R4V) gestionada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), existen cerca de 7.1 millones de personas venezolanas, entre migrantes y refugiadas, viviendo fuera de su país; de las cuales, para septiembre de 2022, más de 5.9 millones se encuentran en América Latina y Caribe. Según este reporte, Estados Unidos acoge a cerca de 545 mil, de ese total.
La CIDH instó a todos los Estados de la región a buscar un marco integrado de cooperación, compatible con el estado de derecho, que responda a las necesidades de protección en los países de acogida y tránsito, en línea con los Principios Interamericanos sobre la protección de las personas en movilidad humana, especialmente los referentes a la no-devolución (No. 06) y de prioridad a la protección de los derechos humanos en las políticas y acciones de control migratorio en las fronteras (No. 56 y No. 65).
