Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU empezó a analizar este miércoles una nueva propuesta de resolución presentada por Cuba que exige "poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero" impuesto por Estados Unidos hace 60 años.

El proyecto de resolución manifiesta "preocupación" por el mantenimiento del embargo comercial, económico y financiero y sus "efectos negativos sobre la población cubana".

Cuba defiende la "igualdad soberana" de los Estados, la "no injerencia en sus asuntos internos" y la "libertad de comercio y navegación internacionales" para exigir que se derogue este embargo impuesto en febrero de 1962, en plena Guerra Fría, por el entonces presidente John F. Kennedy y reforzado desde entonces.

Un informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, realizado a pedido de la Asamblea General como exige Cuba en cada resolución, concluye que "la continuación del bloqueo financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba es incompatible con un sistema internacional basado en el estado de derecho".

"Se basa más bien en el ejercicio del poder político y económico", asegura.

"Ilegal", "inhumano"

"Ilegal", "inaceptable", "criminal", "inhumano", "agresión económica", fueron algunos de los adjetivos que abundaron en la tribuna de la ONU, en particular en boca de los los países latinoamericanos.

"Estados Unidos debe cesar estas medidas y reparar los daños" infligidos al pueblo cubano, dijo el embajador de México, Juan Ramón de la Fuente.

Para la embajadora argentina, María del Carmen Squeff, que habló en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el bloqueo "es contrario a la letra, el espíritu, los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional".

Esta es la 30ª resolución que presenta Cuba desde 1992 contra el embargo estadounidense. Solo en 2020 no hubo resolución debido a la pandemia de covid.

En la primera resolución de 1992 solo 59 países votaron a favor, pero ahora casi todos miembros de la ONU la respaldan, con excepción de Estados Unidos e Israel, que suelen ser los únicos que votan en contra.

Solo en 2016 Washington se abstuvo, como consecuencia de la política de acercamiento del gobierno del entonces presidente demócrata Barak Obama (2009-2017), que restableció relaciones con el régimen cubano en 2015.

Pero la apertura estadunidense con la isla duró poco. El enfrentamiento con Cuba fue parte de la política de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump (2017-2021), que introdujo cerca de 250 nuevas sanciones y declaró al país comunista patrocinador del terrorismo.

Pese a sus promesas de campaña, su sucesor, el demócrata Joe Biden, exvicepresidente de Obama, mantiene esas sanciones con excepción de algunos cambios en materia de visados, viajes y remesas a la isla.

"'Trumpificación' de la política"

"La 'trumpificación' de la política de Estados Unidos con Cuba se ha solidificado", dice a la AFP Harold Cárdenas, director del blog La Joven Cuba.

"Llevamos 60 años en este juego entre los dos gobiernos y el pueblo cubano atrapado en el medio", asegura.

Tras el devastador paso del huracán Ian sobre la isla el 19 de octubre, La Habana solicitó a Biden el levantamiento de las sanciones, que son de atribución del presidente, ya que el resto solo el Congreso puede suspenderlas.

Cuba atraviesa su peor crisis económica en tres décadas con escasez de alimentos, medicinas y combustible, mientras que enfrenta apagones cotidianos por la obsoleta tecnología de sus termoeléctricas, agravada por los efectos de la pandemia de coronavirus.

Según las autoridades cubanas, el embargo ha supuesto daños económicos equivalentes a 154.217 millones de dólares actuales. De ellos, 3.806 millones solo entre agosto de 2021 y febrero de 2022, según el canciller Bruno Rodríguez, lo que de acuerdo con el gobierno cubano se hubiera traducido en un crecimiento del 4,5% a la economía.

La falta de cambios políticos en la isla, como lo demostró la feroz represión de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, no contribuyen a un giro en la política de Washington hacia La Habana, y menos en plena campaña hacia las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre, en las que los demócratas se juegan el control del Congreso.