Al informar de la publicación de una recomendación General sobre las violaciones a derechos cometidas por el Estado entre 1951-1965, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que “el comportamiento a últimas fechas” y la historia del Instituto Nacional Electoral (INE), salvo reducidas excepciones, es igual a la del Instituto Federal Electoral (IFE) o a la otrora Comisión Federal Electoral.

Además, los consideró como “autónomos únicamente de nombre”, y como “instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”.

Por medio de un pronunciamiento difundido este domingo, el organismo nacional refrendó que, como parte de una recomendación General 46/2022 publicada el viernes en el Diario Oficial de la Federación, llama a los legisladores a la transformación del INE, para que se garantice que sea ajeno a cualquier poder ya sea constituido o fáctico, legal o supralegal.

Explicó que en dicha recomendación general se exponen los casos de violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965.

Argumentó que con base en las modificaciones a su reglamento interno publicadas el 25 de octubre, se dota a la Comisión Nacional de facultades para “un seguimiento más puntual de las Recomendaciones Generales”, con base en lo cual ha enviado exhortos a diversas autoridades para documentar el cumplimiento de la Recomendación General 46/2022.

Por ello, al Congreso de la Unión llamó a “llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa; así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas, tal cual era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el período 1951-1965".

De igual forma, conminó a los legisladores a revisar las leyes electorales vigentes y realizar “un análisis honesto y serio, que recoja las expectativas ciudadanas actuales, y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes”, ya que, adujo, se trata de una demanda social desde hace muchos años y una deuda histórica que se debe saldar.