Mexicali, BC. Organizaciones de la sociedad civil de Baja California denunciaron a la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entidad que se convirtió en un filtro que impide el tránsito de migrantes por aeropuertos de esta frontera y mantiene una opacidad en las detenciones de personas en condición de migración.

Aseguraron que la principal labor de la corporación federal mexicana es evitar que los migrantes crucen la frontera con California.

Personal de INM y de la Guardia Nacional revisan a todo pasajero de los vuelos comerciales que llegan a Baja California y ante la sospecha de ser migrantes extranjeros que pretenden adentrarse a Estados Unidos los detienen para ingresarlos a instalaciones federales y enviarlos a Tabasco.

La directora de Cobina, Altagracia Tamayo, dijo que la situación ha empeorado en los aeropuertos internacionales, en particular en el de Mexicali, pues los agentes de migración los detectan, los detienen y las trasladan a Tijuana para ser procesadas para expulsión, a pesar de traer documentos migratorios de México, incluido su boleto de avión.

La activista Tamayo Madueño fue reconocida en 2019 por el Congreso Internacional de Derechos Humanos como la primer ganadora de la presea en Derechos Humanos "María Rebeca Látigo" por la buena práctica en la defensa de los derechos de los migrantes.

La directora de los albergues "La Posada del Migrante" se pronunció porque el Gobierno Federal instruya al Instituto Nacional de Migración a instrumentar un portal actualizado de los centenares de detenciones que realizan por mes y que son enviados al sur de México para que, a su vez, ser deportados del país.

De esa manera, las familias y organizaciones podrían conocer quienes son los detenidos y las causas, además que se inhibiría la arbitrariedad de los agentes y corporaciones.

Advirtió que en la actualidad el 83 por ciento de las personas albergadas en sus espacios son mexicanos que fueron obligados a salir de sus comunidades por la violencia y la presencia del narcotráfico, sobre todo en Guerrero y Michoacán.

Aun así se estima que en esta ciudad capital se encuentran dos mil personas en condición de migración que esperan cruzar a Estados Unidos.

Antes, dijo, un fondo de migralidad que apoyaba con gastos de luz y renta de los albergues pero se canceló en esta administración.

Es lo mismo con rojos, azules, amarillos o guindas, las organizaciones civiles hacemos el trabajo de atención a migrantes, una responsabilidad que tiene el Estado mexicano y se olvida ante la insensibilidad de quienes tienen poder en tres o seis años.