Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) dirigió la Recomendación 09/2022 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por la detención ilegal y violación al debido proceso en el caso de René Vallarta Cisneros, hermano de Israel, ex pareja de Florence Cassez, ciudadana de origen francés acusada de pertenecer a una supuesta banda de secuestradores que fue denominada “Los Zodíaco”.

La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, informó que se le privó de la libertad por personal de esa dependencia sin un mandato judicial y sin que se actualizara alguno de los supuestos de excepción, configurándose una detención ilegal.

A partir de la investigación realizada por la Primera Visitaduría General de la CDHCM, encabezada por Juan Carlos Arjona Estévez, se constató que lo detuvieron mediante jaloneos y uso de la fuerza física por más de una persona; sin mediar un tipo de persuasión verbal, lo subieron a la patrulla, el 12 de enero de 2022.

La Ombudsperson capitalina destacó que mientras exista la posibilidad de la detención arbitraria, las demás barreras a la acción gubernamental se convierten en esperanzas vacías.

El comportamiento que se espera de las autoridades, dijo, es realizar una investigación diligente, no supeditada a la actuación de las víctimas.

Los casos de violaciones a los derechos cometidos por personal de la SSC cobran especial relevancia al tratarse de agentes del Estado, de los cuales se espera que en el ejercicio de sus funciones los respeten, observando los principios de: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, afirmó.

Señaló que, entre los puntos recomendatorios dirigidos a la SSC destaca el realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad de la detención ilegal, así como de la omisión de proteger, garantizar y respetar derechos a la libertad y seguridad personal de la víctima.

Así como llevar a cabo las gestiones necesarias para la inscripción de René Vallarta Cisneros en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México, así como coadyuvar en la determinación del plan de reparación integral.

Mencionó que, otro es dar vista a las instancias competentes para que se investigue la responsabilidad administrativa y/o penal de las personas servidoras públicas, que participaron en los hechos documentados.