Barcelona. En un nuevo giro de esta extensa saga legal, la Fiscalía española retiró este viernes todas sus acusaciones contra Neymar y el resto de señalados en el juicio por las supuestas irregularidades cometidas en el traspaso del astro brasileño al FC Barcelona en 2013.

El Ministerio Público "decidió retirar la acusación respecto a todos los acusados y por todos los hechos", indicó este viernes el fiscal Luis García en sus conclusiones en la Audiencia de Barcelona.

El cambio del Ministerio Público -que pedía inicialmente dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros (9.95 millones de dólares) para Ney por corrupción en los negocios- llegó en la recta final de este largo proceso iniciado por DIS hace siete años.

Sintiéndose engañado, este fondo brasileño, que había comprado parte de los derechos del jugador cuando despuntaba en el Santos, recurrió entonces a la justicia española, que admitió su querella por estafa y fraude en 2015.

Pero la compañía no ha conseguido sustentar sus alegaciones durante los cinco días de vista, a ojos de la Fiscalía, que consideró que sus acusaciones no estaban basadas en pruebas, "ni siquiera indiciarias", sino en "presunciones".

"Creo que DIS tiene perfecto derecho a entender que el traspaso de Neymar le tuvo que suponer un mayor beneficio, pero creo que ha errado en la jurisdicción", expuso García, que indicó que se trataba más de un caso civil que penal.

Además de Neymar y sus padres, dos ex presidentes del Barça -Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu- y un ex dirigente del Santos, Odilio Rodrigues Filho, también están siendo juzgados en este proceso que debe finalizar el lunes.

Los otros acusados son tres entidades jurídicas: el FC Barcelona, el Santos FC y la empresa fundada por los padres del jugador para gestionar su carrera.

Todos -menos la madre de Neymar, que ha sido exonerada por todas las partes- siguen señalados por DIS, que como acusación particular pide cinco años de prisión para Neymar, Rosell o Bartomeu, además del pago de multas millonarias.

Ney en el juzgado

Durante el juicio oral, que trajo a Neymar de vuelta a Barcelona justo a un mes del Mundial de Qatar, la estrella brasileña declaró que solo firmaba los documentos que le indicaba su padre y este no hizo nada ilegal.

"Yo firmo lo que él me dice", explicó sereno el delantero del París Saint-Germain el martes de la semana pasada ante el tribunal.

En la sala, Ney aseguró no recordar si participó en las negociaciones con el Barça en 2011, uno de los puntos centrales del caso.

"Eso todo siempre lo cuidó y siempre lo ha cuidado mi padre, que siempre ha sido responsable de esto", explicó el atacante, quien fue autorizado a adelantar su declaración para regresar cuanto antes a París.

Su sueño de niño, según dijo, siempre fue jugar en el Barça y por eso priorizó la oferta azulgrana a la de otros clubes como el Real Madrid.

"Neymar nunca participa de negociaciones", ratificó después su padre, quien reveló que el club blanco les envió propuestas desde 2009.

Durante el juicio oral -que incluyó también el testimonio de pesos pesados del mercado, como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez-, todos los acusados defendieron sus actuaciones.

"Me parece bestial pensar que hay gente que pueda pensar que los presidentes nos dedicamos a hacer contratos", indicó Sandro Rosell, a la cabeza del club durante la polémica negociación, ante el tribunal.

Baile de cifras

Pese a que el Barça cifró inicialmente el fichaje de Neymar en 57.1 millones de euros (40 millones para su familia y 17.1 para el Santos), la justicia española estimó que alcanzó al menos los 83 millones.

Para DIS, que en 2009 había adquirido 40 por ciento de los derechos económicos del jugador, el club catalán, Neymar y más tarde el Santos se aliaron para ocultar el monto real de la operación a través de otros contratos de los que ellos quedaron fuera.

La compañía recibió 6.,8 millones de los 17.1 ingresados oficialmente al club brasileño, por lo que ahora reclaman los 35 que estiman haber perdido.

Este proceso conocido como "Neymar 2" es el último capítulo de la extensa novela judicial derivada del traspaso del delantero al Barcelona en 2013, que incluyó una multa de 5.5 millones de euros por irregularidades fiscales para el club catalán, además de varias demandas cruzadas tras la abrupta marcha del jugador al PSG en 2017.

Finalmente, la entidad y el 10 de la Seleçao llegaron a un acuerdo "de forma amistosa" el año pasado para cerrar todos los procedimientos judiciales pendientes.