En una audiencia solicitada por el Estado mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, refrendó varios de los puntos que ha expuesto el gobierno en cuanto a la responsabilidad de las empresas fabricantes de armas por la “negligencia” que ha permitido su venta a grupos delincuenciales con presencia en México.

“Qué pena que no esté la representación de Estados Unidos de América que podrían tener mucho más respuestas sobre lo que un Estado podría hacer para evitar que sus productos dañen y atenten contra los derechos humanos de la región”, lamentó Celorio ante la ausencia de la representación estadounidense en la presentación de los argumentos expuestos por México.

Al retomar algunos de los puntos que fueron parte de la demanda civil presentada en el país vecino, y luego de recordar que México presentó una segunda denuncia en la que igualmente se acusa de la responsabilidad de las armerías estadunidenses por omisiones que han derivado en el tráfico de sus productos a territorio nacional y que han terminado en manos de delincuentes, subrayó que las empresas también “pueden ser llamadas a cuentas” por acciones que afectan los derechos humanos.

Consideró que el grave problema en este contexto es el tráfico ilícito de armas que llegan después de comprarse en el país vecino del norte.

La posición fue respaldada por representantes de Bolivia y Paraguay, además de distintas organizaciones civiles con sede en Brasil, Países Bajos y Estados Unidos.

Al rastrear el número de serie de armas decomisadas, la ruta lleva a Estados Unidos, a la par de videos en los que los mismos grupos delictivos en México han mostrado sus armas.

“Estos puntos de venta, es claro, que están alimentando a las organizaciones criminales en mí país, y ahí radica su negligencia. La negligencia es un término que utilizamos porque así lo hemos manejado en la demanda civil, pero evidentemente es una irresponsabilidad, total descuido, ilicitud, complicidad”, dijo el funcionario.

Agregó que la responsabilidad de las empresas consiste en que “saben que su producto va a caer en manos de criminales y van a atentar contra los derechos humanos, no hacen nada para prevenirlo”.

Pese a que las mismas empresas podrían monitorear sus productos y dejar de distribuir a las armerías que han vendido grandes cantidades de manera ilícita, no se ha tomado esta decisión. Las empresas, añadió, deberían hacer una evaluación de riesgo, lo que podría llevar a no colocar tiendas a unos metros de la frontera. “Es una cuestión de análisis de riesgo y de toma de decisiones comerciales responsables, pero pareciera que la industria de las armas en Estados Unidos sigue lucrando con ese comercio ilícito”.

Sugirió al organismo internacional reflexionar de qué manera la industria de armas en Estados Unidos podría autorregularse, y recalcó que los Estados podrían tener un mayor control en licencias, restricción a calibres y monitoreo del destino y uso final.