Tlaxcala, Tlax. Por mayoría de votos, el pleno del Congreso local aprobó la minuta del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política federal, en materia de Guardia Nacional y por la cual se avala la permanencia, hasta el año 2028, de las fuerzas armadas en las calles para ejercer actos de seguridad pública.

En la sesión ordinaria de este martes y a cuatro días de que el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Adán Augusto López Hernández pidiera a los diputados locales avalar esas enmiendas, los congresistas tlaxcaltecas respaldaron las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión.

De acuerdo con el dictamen aprobado, los diputados defendieron ampliar el plazo, de cinco a nueve años, por el cual las fuerzas armadas pueden realizar funciones de seguridad pública, al considerar que la criminalidad, de manera particular la organizada, se ha convertido en un fenómeno que lacera la vida del país, amén de que “la estrategia constitucional, que incluyó la creación de la Guardia Nacional, requiere como un paso provisional, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, con el fin de que ésta se fuera conformando y consolidando”.

Los diputados abundaron que el plazo inicial fijado para poner en marcha la Guardia Nacional con un carácter civil fue insuficiente, por lo que estimaron viable que se considere un plazo de nueve para lograr tal fin, aunado a que aseguraron que la medida “encuentra legitimidad también en el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido que las quejas presentadas por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, del año 2019 a la fecha, en que se reglamentó la participación de aquellas en materia de seguridad pública, ha disminuido de manera importante”.

Sin embargo, los diputados Blanca Águila Lima del PRI, Juan Manuel Cambrón Soria del PRD y José Gilberto Temoltzin Martínez del PAN, rechazaron el dictamen, al asegurar que esta enmienda busca la militarización del país, “lo cual es la antesala de la dictadura”.

El panista Temoltzin Martínez enfatizó su rechazo a la enmienda, al considerar que la sobre asignación de recurso a las fuerzas armadas “representa un riesgo latente, viola la división y el equilibrio de poderes y el imperio de la ley, esta sobre asignación de recursos y tareas, propicia a un desplazamiento civil por militar en áreas gubernamentales, y el riesgo a la gobernabilidad parte de la ausencia de una normatividad que asegure una correcta fiscalización y subordinación militar a las autoridades civiles.

Por su parte, el perredista Cambrón Soria rechazó la enmienda, al enfatizar que “la ruta de la militarización no es la vía para resolver el tema de seguridad pública”, amén de que enfatizó que en el fondo se trata de una disposición que violenta la Constitución federal, que establece que debe ser civil la seguridad pública.

Esa visión fue secundada por la priista Blanca Águila, quien refirió que la estrategia de “abrazos, no balazos”, no ha funcionado, ya que “solo ha dejado a un país con una violencia y criminalidad creciente y militarizar al país no es viable, porque nos acerca la dictadura”.

La defensa de la reforma constitucional la hicieron los congresistas Rubén Terán Águila y Bladimir Zainos Flores, quienes aseguraron que fortalecer a la Guardia Nacional y a la labor de las Fuerzas Armadas, es una estrategia para dar fin a la grave crisis de inseguridad que generaron los gobiernos federales, pues “prefiero la más justa de las paces, que las más injustas de las guerras”, apuntó el primero.

Al final, el dictamen fue avalado con 22 votos a favor y tres en contra de los legisladores Blanca Águila, Cambón Soria y Temoltzin Martínez.