Ciudad de México. Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa se reunieron este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador ante quien manifestaron algunas inquietudes que guardan con respecto al avance de las indagatorias para dar con los responsables de los crímenes contra sus hijos y averiguar el paradero de los muchachos; a lo que el mandatario se comprometió a que no habrá impunidad.

El nuevo fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra, aseveró que habrá justicia y verdad, y que el Ejército no representará un obstáculo en ese objetivo. Habrá justicia, remarcó en entrevista tras la reunión, a pesar de quien sea, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Cero impunidad, se los dijo el presidente y lo ratificamos nosotros”.

En un largo encuentro en Palacio Nacional, que se prolongó por casi tres horas, las madres y los padres de los estudiantes, junto a representantes de las organizaciones que los han acompañado en su exigencia de verdad y justicia, plantearon cuestionamientos sobre la cancelación de más de 20 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados que habrían derivado de las investigaciones e la Unidad Especial para el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj).

Lo anterior de acuerdo con asistentes al encuentro, quienes señalaron que otras inquietudes planteadas ante el mandatario y funcionarios que lo acompañaron fueron el nombramiento del nuevo fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra –cercano a López Obrador—, en sustitución de Omar Gómez Trejo, quien contaba con la anuencia de las familias y dimitió tras la cancelación de las referidas órdenes de captura; y la continuidad de la investigación.

El cónclave, entre las familias y los funcionarios federales se dio a puerta cerrada en el recinto histórico y representó el primer acercamiento entre el nuevo fiscal Gómez Piedra y las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada en los crímenes suscitados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, que derivaron en omisiones y acciones de parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos elementos del Ejército, en meses subsecuentes, lo cual llevó a la Covaj, tras una exhaustiva investigación, a señalar que se trató de “un crimen de Estado”.

Tanto Gómez Piedra como el presidente de la Covaj, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ofrecieron sendas entrevistas ante reporteros que esperaban información del encuentro a las afueras de Palacio Nacional.

El primero señaló que desde que asumió el cargo, él y su equipo trabajan para litigar los expedientes que ya había avanzando el anterior fiscal. Indicó que se sigue trabajando en los procesos internacionales para obtener la extradición desde Israel de Tomás Zerón de Lucio, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, y el cerebro de la llamada verdad histórica, la cual ha sido echada abajo tanto en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por el reciente informe de la Covaj.

Gómez Pedra agregó que su prioridad es seguir investigando y que se haga justicia. “Ellos (los familiares) tienen un reclamo justo de justicia, el gobierno tiene un compromiso de verdad y justicia y nosotros de responsabilidad de verdad y justicia”.

Mientras que Encinas descartó una confrontación con el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. “Con el general trabajamos todos los días en el gabinete de seguridad (del gobierno federal) y estamos haciendo un esfuerzo para que todo se esclarezca debidamente. Yo no me confronto más que con quienes violaron la ley”.

Detalló que durante la reunión se dio un diálogo “totalmente franco” con el objetivo de esclarecer todas las dudas que pudieran existir entre las familias y sus representantes, además de refrendar el compromiso de justicia y verdad del gobierno federal. “Vamos para adelante todos juntos”.

Dijo que seguramente la próxima semana habrá ya una reunión entre los padres y las madres de los jóvenes con el nuevo y fiscal; y planteó que la administración federal ha planteado al GIEI prolongar su estancia y trabajos en México “hasta cuando sea necesario” para continuar coadyuvando en el caso (pues su encomienda termina a fin de este mes).