Durango, Dgo. La Fiscalía General del Estado de Durango giró dos órdenes de aprehensión contra dos ex funcionarios de la pasada administración panista y una orden de presentación.

Sonia Yadira de la Garza, titular de la Fiscalía General de Durango, dio a conocer la investigación por el caso de una trabajadora de la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango que fue sorprendida cuando se disponía a entregar 1.5 millones de pesos a un ex servidor público de la pasada administración el 16 de septiembre, un día después del cambio de gobierno.

La Fiscal aclaró que esos 1.5 millones fueron recuperados e integrados al erario público.

Esta detención de Luisa Janette “N”, la trabajadora de Finanzas, provocó que se judicializara la carpeta de investigación correspondiente y el Juez determinó dejarla con medida cautelar de prisión justificada y ya se vinculó a proceso por el delito de robo agravado.

Esta investigación provocó que se emitieran dos órdenes de aprehensión contra ex funcionarios estatales, aunque no se dio a conocer en contra de quiénes.

“De estos hechos se desprende la coparticipación de otros ex servidores públicos, quienes ya no estaban en funciones y ordenaron la sustracción de ese dinero de cuentas del Gobierno del Estado, así como el traslado de esa cantidad para ser entregada de manera personal en sus domicilios”, dijo la Fiscal General de Durango.

Se abrió una segunda carpeta de investigación contra los dos ex funcionarios copartícipes debido a que instruyeron la sustracción y traslado de 4.5 millones de pesos en efectivo, operación el 14 de septiembre, un día antes de que concluyera la pasada administración.

De acuerdo a la Fiscal, los dos ex funcionarios a los que se les emitió ya una orden de aprehensión recibieron en el domicilio de uno de ellos los 4.5 millones de pesos, cantidad de la cual no existen registros contables de cómo fue utilizado el recurso.

Además de las dos órdenes de aprensión, se aseguraron diversos bienes inmuebles, así como siete vehículos de lujo propiedad de estos ex funcionarios.

Una vez que se determine la responsabilidad de las personas requeridas a través de orden de presentación o aprehensión, agregó Sonia Yadira de la Garza, estos bienes podrán adjudicarse al Gobierno del Estado, a través del mecanismo de extinción de dominio para garantizar la reparación del daño por parte de ex servidores públicos.

Por otro lado, se investiga lo que podría ser la disposición indebida de mil 447 millones 630 mil pesos derivados de la primera carpeta de investigación donde se detectó que entre 2018 y 2022 se hicieron disposiciones de efectivo a través de solicitudes al banco, por la cantidad señalada.