En el país existe una “crisis humanitaria”, derivada de la expulsión de personas migrantes de Venezuela, lo cuál es “producto de los acuerdos políticos entre el gobierno de México y Estados Unidos”, señaló la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Ante esta situación y la militarización de la política migratoria es claro la “urgente necesidad de que el gobierno federal replanteé su estrategia y política migratoria, para que abandone la perspectiva militar y de contención, y busque alternativas de regularización migratoria bajo una perspectiva de derechos humanos”.

La DEPMH precisó que “México está viviendo tiempos complejos en migración, deportación y refugio. Se recrudecen cada vez más las violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, así como los peligros a los que se enfrentan: robos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones”, entre otros.

“Lamentamos mucho la situación de precariedad e incertidumbre que viven las personas venezolanas. Les extendemos nuestras manos, y les abrimos nuestro corazón, y tengan la certeza, que la iglesia católica no cesará en su atención humanitaria y de caridad”.

Lo anterior lo expresó en un escrito dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entre otros funcionarios, recordó que la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, es la red más grande de casas del migrante.

Subrayó “continuará con su labor cristiana de velar por los más pobres y desamparados, por las personas migrantes, y refugiadas, deportadas y víctimas de trata, y toda persona en condición de movilidad”.
Esta semana en Guadalajara, Jalisco, los directores y directoras de casas del migrante y albergues, coordinadoras y coordinadores de Pastoral de Movilidad Humana de diversas diócesis de todo México, se reunieron en el XX Encuentro Nacional de Pastoral de Movilidad Humana para reflexionar sobre “nuestro ser y quehacer en el acompañamiento pastoral y la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad a nivel nacional”.

La iglesia católica mexicana, a través de la DEPMH, manifestó su “compromiso con las personas migrantes, deportadas, víctimas de desplazamiento forzado interno y de trata de personas, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, y toda persona en condición de movilidad desde el Evangelio y la caridad cristiana”.

Las directoras, directores y coordinadores diocesanos, en el Encuentro Nacional de Pastoral de Movilidad Humana, “reafirmamos que nos mueve el amor, la esperanza y la fe en un mundo más fraterno y solidario (…) No buscamos el protagonismo, el individualismo ni la división, al contrario, trabajamos por un mundo más inclusivo y en armonía, como hijas e hijos de una misma familia.

“Por ello, es que vemos con mucha preocupación y tristeza cómo se está ejecutando la política migratoria de este gobierno. Seguimos constatando las frecuentes violaciones a los derechos humanos que se cometen en agravio de las personas en contexto de movilidad: personas migrantes que siguen siendo víctimas de abusos por parte de autoridades municipales, estatales y federales; solicitantes de refugio a quienes no se les respetan su documentación y son detenidos arbitrariamente por elementos del Instituto Nacional de Migración; mexicanas y mexicanos que tienen que emigrar, por la inseguridad y la falta de oportunidades, muchos de los cuales son deportados desde Estados Unidos a sus lugares de origen sin que se les ofrezcan las condiciones para rehacer su vida; y, finalmente, un aumento en el número de víctimas de trata”.

Además, “vemos cómo las fuerzas militares están tomando el control de la seguridad ciudadana a la par que la Guardia Nacional tiene una participación más activa en labores de revisión y verificación migratoria”.