Ciudad de México. El Estado mexicano tardó 21 años en reconocer que la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido fue asesinada, y no cometió un “suicidio simulado”, como dictaminaron en su momento las autoridades de la ciudad de México y como refrendó en tres ocasiones la entonces procuraduría de justicia del Distrito Federal, que determinó repetidamente el no ejercicio de la acción penal.

Esta mañana, en Los Pinos, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que, en el punto relativo a la reparación del daño, ordena al Estado presentar una disculpa pública a la familia de la abogada veracruzana, ultimada con un balazo en la cabeza en su despacho en un día como hoy, 19 de octubre de 2001.

Jesús Ochoa, hermano mayor de una vasta familia (con seis hermanos y seis hermanas presentes en primera fila) aceptó las disculpas públicas del gobierno y expresó lo que para todos los Ochoa y Plácido de Misantla representó este acto: “Significa que lo que nosotros dijimos hace 21 años y sostuvimos, a pesar de las burlas y las humillaciones de las que fuimos objeto, era cierto. Teníamos razón. A nuestra hermana la asesinaron”.

La disculpa externada a través de Encinas es, según la declaración, “porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia. Por las fallas en la aplicación de los protocolos especializados en la investigación de su caso, las faltas al debido proceso”.

Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, anunció por su parte que a partir de hoy, con la publicación del decreto correspondiente, los responsables de la nomenclatura de la ciudad cambian el nombre de una calle, antes doctor Gabriel Hernández, a calle Digna Ochoa. Es un tramo, entre doctor Lavista y Río de la Loza, en la colonia Doctores, que corre a un costado de la fiscalía capitalina, la antigua PGJDF, una acera en donde Jesús, sus hermanos y sus abogados tuvieron que esperar interminables horas, incontables días, mes tras mes, dos décadas, para lograr una justicia que, hasta ahora, no ha llegado.

“Manita, negrita, no vamos a parar hasta encontrar justicia”, prometió el hermano mayor a la defensora cuando yacía en su féretro, “muy pálida y los orificios de la nariz taponados con algodón”, recordó ayer Jesús que le murmuró a Digna en una funeraria de la ciudad de México. Y la promesa –dijo—sigue en pie.

Burlas, humillaciones y finalmente la reivindicación

Entre los agravios que sufrió la familia, Ochoa recordó la forma despectiva con la que su primera abogada, Bárbara Zamora, dejó la defensa sin ninguna explicación y la revictimización que sufrieron cuando, por orden judicial, el cuerpo de Digna fue exhumado en el panteón de Misantla para realizar una segunda necropsia. Al final, la PGJDF volvió a determinar el no ejercicio de la acción penal e insistió que fue un suicidio.

Algo mas: la humillación que sintió la familia cuando el investigador de la PGJDF Renato Sales alteró la escena del crimen, se llevó los muebles del despacho a su oficina, los mandó lavar y escenificó, como si fuera un set, la escena del suicidio. Y lo peor, “la parte más ruin y cobarde, cuando insultaron y enlodaron la memoria de mi hermana” con la resolución final de la fiscalía especializada de entonces, de considerar a Digna capaz de suicidarse por sufrir trastornos mentales y descalificar la importancia de su trabajo como defensora de primera línea.

A su vez, la fiscal general de Justicia Ernestina Godoy informó que desde el momento en que se conoció la sentencia de la CoIDH la dependencia reabrió el expediente y reanudó la averiguación con una unidad especializada de penalistas que trabajarán con un enfoque de perspectiva de género y en acuerdo estrecho y constante con la familia Ochoa y Plácido.

También hablaron en el acto los abogados defensores Karla Micheel Salas y David Peña, quienes tomaron el caso hace 12 años. Ella expresó que la sentencia de la CoIDH, emitida en noviembre del año pasado, y que recomienda “reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa”, hace que “nuestra esperanza ya no penda de un hilo” y marca “un antes y un después” en el largo proceso que hasta ahora permanece en eel terreno de la impunidad.

Y se dirigió a Ernestina Godoy: “Hoy tienes la posibilidad de materializar esa justicia. Sabemos que no es un reto sencillo pero ahora ustedes pueden marcar la diferencia. Mantengan la llama de la esperanza encendida”.

A su vez, David Peña habló de la larga lucha para llegar a este punto y de cómo en el pasado se escucharon “los cantos de sirena de un gobierno de izquierda que enlodó la memoria de Digna”.

Analizó el impacto demoledor que tuvo la versión oficial, con una “verdad tergiversada” que dividió al movimiento de derechos humanos e hizo un llamado a aquellos activistas que antes “se burlaron de nosotros y humillaron a la familia” a entender este momento, con el reconocimiento del Estado de un asesinato y una disculpa, como un fin de ciclo, una oportunidad de desagravio y el inicio de una nueva época para los defensores a quienes instó: “Acompáñenos, aprópiense ustedes también de esta sentencia”.

No mencionó nombres, pero en la mente de muchos apareció el recuerdo del ex procurador Bernardo Bátiz, de su asesor Enrique Flota, de Margarita Guerra y también a varios integrantes en aquellos años del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que en su momento se plegaron a la versión del suicidio simulado, sumándose a la oleada de desprestigio y golpeteo contra quien fuera jefa de su área jurídica.

El acto solemne se realizó en el salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural de Los Pinos ante decenas de representantes de colectivos nacionales e internacionales y de litigantes, peritos, activistas y comunicadores que, de una y otra forma, fueron testigos de aquella otra “mentira histórica” que hoy terminó de desplomarse.