Ciudad de México. La hacienda pública busca recuperar poco más de 22 mil 200 millones de pesos derivado de cerca de tres centenas de querellas por defraudación fiscal y delitos financieros, informó este martes Arturo Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación.

En comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el funcionario destacó que la cifra que se reclama vía instancias judiciales es el más alto de la historia, 177 por ciento más que los 8 mil millones de pesos litigados en el ejercicio anterior.

Hablamos, diputadas y diputados, del combate a la delincuencia de cuello blanco. A quienes se organizan con el único fin de delinquir y minar a la hacienda pública, reiteró Medina Padilla, frente a legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El procurador detalló también que de septiembre del año pasado a la fecha se han logrado recuperar 18 mil 350 millones de pesos derivado de adeudos fiscales que se encontraban en litigio.

Derivado de la judicialización de carpetas se han dictado 70 autos de vinculación a proceso, 55 de ellos por defraudación fiscal y el resto por delitos financieros. Los recursos recuperados vía acuerdos reparatorios –que evitan un proceso judicial– suman más de 5 mil millones de pesos en el último año, reportó.

Sin privilegio a monopolios

En tanto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, expuso que las medidas contra la carestía aplicadas por la actual administración no buscan favorecer monopolios, la realidad es que la economía los tiene, debemos lidiar con eso, pero en un choque de inflación como el que actualmente se vive, lo más importante es blindar el poder adquisitivo de las familia.

Frente a diputados, el funcionario admitió que aún se están afinando los detalles legales de la licencia única para 15 importadores y distribuidores de alimentos, lo cual no significa una brecha de desregulación. Este mecanismo no está pensado para saltarse las normas de supervisión sanitaria, sino para agilizar los procesos por el lado del gobierno.

Sostuvo que el costo de los subsidios a gasolinas alcanzará 1.4 por ciento del producto interno bruto al cierre de 2022, pero esto será compensado con los beneficios que deja la medida, pues equivalen a 1.9 por ciento, al evitar que se pierda poder adquisitivo del presupuesto público a manos de la inflación.

Yorio aseguró que sin el cúmulo de medidas lanzadas por la actual administración, particularmente con el subsidio a gasolinas, los combustibles estarían alrededor de 35 pesos por litro y la inflación desde hace tiempo habría escalado a 12 o 14 por ciento con un impacto en las tasas de interés.

Explicó que si el precio de la mezcla mexicana promedia por debajo de lo 68.6 dólares por barril, estimados en los Criterios Generales de Política Económica del próximo año, la garantía contratada compensaría la pérdida recaudatoria, si lo hace ligeramente por arriba no hay mayor impacto en los ingresos y se tendría que gastar 1.3 veces más de lo erogado actualmente en las coberturas petroleras.

Para detallar qué proporción de los ingresos compensarán las coberturas petroleras ya contratadas, un grupo de reporteros siguió al subsecretario al término de su comparecencia, pero éste se rehusó a hablar.