Ciudad de México. El subastador francés Pascal Blouet desarrolló este miércoles una subasta en línea donde las cinco piezas mejor vendidas son parte del patrimonio arqueológico de México, que fueron extraídas “de manera ilícita del territorio nacional”, según el gobierno de nuestro país.

El martes pasado se informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y se dio aviso a la Interpol en torno a la subasta Arqueología, artes asiáticas, artes primitivas, fotografías, marina, recuerdos de viaje.

A través del sitio de ventas Intercheres, se obtuvieron cuatro mil euros (casi ochental mil pesos) por el lote 40, al que se describe como una importante escultura de Nayarit, “rara representación de una mujer sentada, el rostro con expresión hierática, el cuerpo con poderosas proporciones, brazos decorados con pastillajes y plegados en la parte inferior del vientre”.

Añade que esta obra, fechada entre el año 100 antes de nuestra era y 250 de nuestro tiempo, “la riqueza de los ornamentos, signo de notabilidad, hace de esta escultura una obra notable de este tipo. Colocada junto al muerto, estaba allí para acompañarlo en su viaje al inframundo”.

Las siguientes cuatro creaciones mejor pagadas, del total de 241 lotes puestos a la venta, son dos estatuas de la cultura Veracruz, una de Tlatilco y otra de Teotihuacan, por las que en suma obtuvieron mil 50 euros.

Las piezas provienen, según los subastadores, de la antigua colección de Max-Pol Fouchet, ofertadas por sus herederos. Fouchet (Mancha, 1913, Avallon, Yonne, 1980) fue un poeta, escritor, crítico de arte y una figura de la televisión francesa.

La Secretaría de Cultura federal de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia condenaron la venta el pasado martes. El dictamen del instituto concluyó que la decena de piezas en subasta por Pascal Blouet “son bienes que forman parte del patrimonio cultural de la nación mexicana, definidos y protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.

Se hizo entonces “un exhorto a las casas subastadoras a reflexionar respecto a los códigos éticos en torno a la comercialización de bienes culturales expoliados de forma ilegal, ya que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos”.