Las empresas que promovieron amparos en contra del etiquetado de alimentos y bebidas preenvasadas no alcohólicas “tienen derecho de acudir al Poder Judicial, pero no creo que cambie”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Consultado en su conferencia de prensa diaria sobre la revisión que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los recursos promovidos por empresas como Nutrisa, McCormick, Del Fuerte y Herdez, en contra la Norma Oficial Mexicana (NOM) que establece dicha medida, el mandatario indicó que es un etiquetado que “está aceptado incluso por ellos mismos, por los industriales y fue producto de una negociación durante años, dos o tres años, se acordó y hubo cierta inconformidad pero ya se está aplicando”.
A la vez, destacó que México es de los pocos países del mundo que han realizado un estudio a los vapeadores, como el que hizo Cofepris y que presentó la dependencia igualmente en la conferencia de prensa.
Luego que en dicho análisis se detectó una treintena de sustancias no reportadas en el etiquetado, consideró este producto como un fraude, por el engaño al no presentar las sustancia con las que están elaborados.
Algunas de estas empresas, agregó, “son capaces hasta de sobornar, cuando menos les dan viajes a los que se dejan, los llevan a pasear”. No obstante, ponderó que hay muchos servidores públicos “que no tienen precio”.
Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expuso que México había tenido un rezago grande, durante sexenios recientes, en particular en el 2012-2018, en el cumplimiento del programa global de control de tabaco.
Explicó que se trata de un convenio vinculante, ratificado por el Senado, y que, por tanto, obliga a las partes a cumplirlo. Se había registrado de manera inicial un progreso pero en el sexenio pasado se “desmanteló completamente el esfuerzo de avanzar en el centro del tabaco”.
Lo que se planteó fue una reforma a la ley general de control de tabaco para lograr que se definan espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y vapeadores, así como una regulación más estricta para evitar el consumo en menores.
“Esta reforma ya fue promulgada y mandata a hacer un cambio en el reglamento respectivo para que pueda entrar en vigor este asunto. El trámite se ha complicado, básicamente ha habido presiones externas al gobierno, y se ha burocratizado”.
Añadió que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ha solicitado “un tiempo inusualmente largo en el proceso de consulta, nos han pedido una serie de especificaciones, emitidos un documento de más de mil páginas desde la Secretaría de Salud aclarando por qué era importante esto”.
Confió en que la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía ayude a agilizar el tema.