Buenos Aires. La investigación sobre el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1° de septiembre y la serie de acciones violentas que fueron preparando anticipadamente el camino para este intento de magnicidio, acaba de recibir un nuevo impulso al descubrir las relaciones entre varias organizaciones ultraderechistas y los financistas de las mismas, como es el caso de los dirigentes de la neonazi Revolución Federal, Jonathan Morel y su ex pareja y una socia que cobraron 7 millones de pesos de un fideicomiso de Caputo Hermanos, vinculada al entonces ministro de Finanzas del ex presidente Mauricio Macri, Luis Caputo.

Aunque ya había reconocido Morel que había recibido un pago por un millón 700 mil pesos argentinos por un presunto trabajo de carpintería, un extraño negocio por sus características, que será muy difícil de explicar ante los expertos, especialmente cuando Revolución Federal aparece complicada con el grupo de los integrantes de la llamada “banda de los copitos”, cuatro de estos detenidos, dos como responsables directos del intento de asesinar a la también dos veces presidenta del país.

Morel, uno de los fundadores de Revolución Federal, es dueño de una pequeña carpintería creada recientemente en la localidad de Boulogne, recibió entre diciembre de 2021 y agosto de este año los más de siete millones de pesos de parte del ex ministro de Macri y primo del “hermano del alma” del ex mandatario.

“Es información clave para la causa por incitación al odio y la violencia política que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre la organización que, en sus algo más de cinco meses de existencia, llevó adelante varias movilizaciones con guillotinas, horcas, antorchas e insultos, entre otras cosas” señalan los analistas de Página/12.

Los mismos que se preguntan sobre la vinculación entre este grupo violento y el intento de asesinar a Fernández de Kirchner. “¿Alguien incidía políticamente sobre estas personas? ¿Estos montos detectados, siderales para un negocio pequeño y reciente, podrían esconder un modo de financiamiento? ¿Podrían conducir a alguna vinculación política con el atentado?”, es la pregunta de los periodistas.

Morel declaró que era por trabajo de carpintería encargados por una mujer cuyo nombre es Rossan, que resultó ser hermana de Luis Caputo, para quien realizó otros trabajos, entre ellos para un hotel de la provincia sureña de Neuquen.

De acuerdo a los mismos periodistas, “un informe de Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvo que Morel emitió dos facturas por esa cifra antes del intento de magnicidio. Un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sugería que había números que no cerraban”.

La pregunta clave es por qué contratarían a una carpintería recién instalada, con su dueño que aseguró haber aprendido esta profesión por Internet, y para hacer mesas de luz, otros muebles como mesas pequeñas, cuando lo podía hacer cualquier carpintería en la misma provincia, abaratando todos los costos. Resulta que ahora se han encontrado una cantidad de pagos que no se condicen con el “trabajo realizado”.

“Los dos fideicomisos que efectuaron los pagos son de Caputo Hermanos: se llaman Santa Clara al Sur y Espacio Añelo. Son los dos con los que Morel, además, relata haber tenido trato”, señala el periódico, al recordar que el uso de fideicomisos es una herramienta muy utilizada para ocultar personas que manejan un negocio y movimientos de fondos.

Pese a tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, no estarían inscriptos en la Inspección General de Justicia, a lo que obliga la ley” y se describe el detalle y las fechas de las facturas, que en varios casos se han cobrado después de las violentas marchas y acciones amenazante contra la vicepresidenta y otros funcionarios del gobierno.

Hay referencias precisas sobre el 22 de agosto pasado cuando se recibió dinero en transferencia del mismo fideicomiso de Caputo Hermanos. Esto fue solo cuatro días después de la violenta marcha de antorchas que Revolución Federal hizo frente a la Casa Rosada y de la que participó Brenda Uliarte, una de las detenidas y procesadas por el intento de homicidio de Fernández de Kirchner.

No es coincidencia que esto sucediera el 22 de agosto cuando el fiscal Diego Luciani anunciaba la sentencia pidiendo 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Fernández de Kirchner

De inmediato de conocer el pedido de sentencia estos grupos y otros de extrema derecha se movilizaron o para festejar ante la edificio donde vive la vicepresidenta provocando incidentes y detenciones el 23 agosto. Los detenidos, también integrantes de Revolución Federal, Leonrado Sosa Natanael Reinstein Menin, quien llevaba una bomba molotov y ya había arrojado otra, son investigados en el juzgado del juez Ariel Lijo.

El seguimiento de todos los mensajes de los celulares que están siendo peritados demuestran la movilización de estos grupos que por esas horas ante la decisión del fiscal Luciani se sintieron como alentados para violentar la ciudad.

La idea de matar a la vicepresidenta era un tema del día para estos grupos. Sólo basta para escuchar los mensajes entre Brenda Uliarte y Fernando Sabag, ya acusados por el intento de asesinato y otros delitos y a la vez entre Brenda y Gabriel Carrizo.

Sólo tres días después ya Morel y su grupo hablaban de atacar tanto al presidente Alberto Fernández como a Máximo Kirchner...El paso dado es muy fuerte por los nombres implicados y porque el camino está llevando a las puertas de los responsables intelectuales y los financistas. La lista de transferencia demuestran que esto se ha dado en coincidencia con acciones de extrema violencia y los contactos de estos grupos como Revolución Federal y otros, revelan que detrás hay una organización clave. Aunque la demora es evidente, como cierta indolencia. Pero los defensores de Fernández de Kirchner acumulan datos y pruebas. Hay algunos expertos que mencionan que cuando esto estalle en la verdad, será un verdadero DÏA D.