Santiago. La Corte Suprema de Chile rechazó ayer la petición de las autoridades mexicanas para extraditar al ex diputado federal perredista y ex delegado de Coyoacán, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, reclamado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.

En fallo dividido, la segunda sala del máximo tribunal revocó la sentencia de primera instancia, que en diciembre de 2021 concedió la repatriación del imputado.

Toledo, quien es hijo de chilenos que llegaron a México en la década de 1970, está acusado de pertenecer a una red criminal que adquiría bienes con dinero de procedencia ilegal. Ingresó a ese país en agosto del año pasado y alegó ser víctima de persecución política.

En la sesión de la corte chilena votaron en contra los magistrados Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Hernán González, en tanto que el juez Haroldo Brito estuvo a favor de ratificarla.

La sentencia inicial fue anulada porque se estableció la improcedencia de la extradición al no cumplirse el principio de mínima gravedad del delito, al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión que, como mínimo, establece el tratado bilateral sobre la materia.

Que sobre el particular conviene tener en consideración que constituye un principio general del derecho internacional, el que la extradición sólo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad.

En el texto de la resolución se agrega que conforme a dicho principio, el artículo 1° del tratado de extradición que rige entre Chile y México establece que será aplicable sólo cuando la privación de libertad del delito requerido no excede de un año. Por su parte, el artículo 3 indica que procede dar lugar a la extradición respecto de los delitos incluidos en convenios multilaterales suscritos por ambos países.

La investigación en contra del ex funcionario empezó el 14 de septiembre de 2020 y se emitió una orden de aprehensión en su contra, pero no se cumplimentó porque Toledo viajó a Chile cuando aún no se libraba el mandamiento judicial.

De acuerdo con datos del expediente con el cual el gobierno capitalino solicitó el desafuero del que también fungiera como diputado federal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo acusa de obtener un patrimonio presuntamente ilícito por más de 35 millones de pesos.

(Con información de Gustavo Castillo)