Madres e hijas de los 27 indígenas tzeltales detenidos en agosto pasado por tomar la caseta de cobro de la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, en demanda de que se les deje ejercer la autodeterminación en el municipio de Oxchuc, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga su caso y libere a sus familiares.

“Los indígenas tseltales del Municipio de Oxchuc, Chiapas solicitamos su intervención para la liberación de nuestros esposos e hijos ya que fueron reprimidos y arrestados por los delitos de motín y atentados contra la paz e integridad corporal y patrimonial del Estado en las causas penales 256/2022 y 257/2022 del Juzgado de Control del Penal del Amate y esta situación tiene tintes políticos ya que el Municipio de Oxchuc tiene pendiente la reposición de sus elecciones bajo sistemas normativos internos propios”, señalan las denunciantes, en el escrito presentado ante el máximo tribunal.

Los detenidos fueron vinculados a proceso por un juez de control de Chiapas y permanecen bajo prisión preventiva, luego de que fueron detenidos el 19 de agosto, cuando tomaron la caseta de cobro en una de las varias acciones que emprendieron para exigir que se cumpla con el fallo del tribunal electoral estatal, para reponer las elecciones municipales, conforme a los usos y costumbres de la comunidad indígena.

Estas elecciones debían realizarse el 15 de diciembre pasado, pero fueron suspendidas luego de que un grupo armado irrumpió en la asamblea, ocasionando un enfrentamiento en el que murió una persona.

Los familiares acusan que los detenidos son objeto de tortura física y psicológica, además de que se les ha negado la atención médica que necesitan varios de ellos.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, respondió a los solicitantes que, al tratarse de un asunto que aún está en proceso en el poder judicial de Chiapas, carece de atribuciones para intervenir en el caso.

No obstante, señaló que en aras de tutelar el derecho efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución, se ordenó remitir la petición al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que brinde a los detenidos la asistencia jurídica que requieran.