Tijuana, BC. Herlinda Santiago Martínez, jornalera originaria de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña alta de Guerrero, fue abandonada a su suerte tras fracturarse una pierna en el rancho Los Pinos, en San Quintín.

La empresa agrícola bajacaliforniana le dio un apoyo de 3 mil pesos, y con engaños la hizo firmar lo que en realidad era su finiquito por renuncia voluntaria y desistimiento de responsabilidad hacia la compañía.

Florentino Solano, escritor y promotor cultural na’savi, oriundo de Metlatónoc, Guerrero, explicó que Herlinda Santiago, indígena monolingüe mixteca, fue contratada en Cochoapa por un enganchador enviado por la empresa para trabajar en San Quintín por seis meses; se le prometió que cumplido ese tiempo la regresaría a su lugar de origen sana y salva.

Rosa Santiago Martínez, hermana de Herlinda, denunció por su parte que desde el 23 de septiembre, cuando se fracturó el fémur derecho al resbalar e impactarse contra un poste metálico, hasta la semana pasada su pariente no había recibido más atención médica que pastillas de paracetamol que una enfermera le daba en la clínica-hospital 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ensenada, donde estuvo internada 13 días.

El accidente ocurrió en el sector 5, malla 6, alrededor de las 15:30 horas. Rosa Santiago fue la primera que la auxilió, pues Herlinda ya no pudo levantarse, mientras el mayordomo pedía una ambulancia que tardó una hora en llegar y la llevó a la clínica 13 del IMSS, ubicada en La Cali, en San Quintín.

Ahí se negaron a atenderla y la trasladaron a Ensenada, a la clínica-hospital 8, donde la dejaron en manos del personal sin hablar español y sin la compañía de un familiar, detalló Florentino Solano.

El reclutador le ofreció, por parte del rancho Los Pinos, vivienda y servicio médico. En lugar de eso, se quedó sin un sitio para vivir en un lugar que no conoce, lesionada y hostigada por una trabajadora social y el jefe del campamento El Vergel, donde la alojaron, añadió el escritor.

En El Vergel, la compañía acomoda a sus trabajadores temporales, que suman cerca de 2 mil jornaleros más sus familias.

Tras permanecer un tiempo sola en la clínica-hospital 8 de Ensenada llegó un sobrino suyo, menor de edad, quien apenas se hacía entender en español. Durante 13 días sólo le suministraron pastillas de paracetamol, y pasado ese tiempo decidió regresar a San Quintín.

En el hospital de Ensenada le hicieron firmar un documento para dejarla salir, y a través de su sobrino Herlinda Santiago argumentó que el menor era el único que la atendía.

La empresa agrícola no movió ni un dedo para apoyarla, tampoco mandaron personal para ver cómo estaba ni mucho menos se preocuparon por enviarle un intérprete para poder comunicarse y hacerse entender, explicó Florentino Solano.

Además, tras llegar a El Vergel, el jefe, identificado como Luis Andrés Huerta Chaires, y la trabajadora social Érika Guerrero Valera, la reprendieron por salir del hospital y la amenazaron con enviarla a la cárcel junto con su sobrino y los corrieron.

Arrastrando la pierna, Herlinda Santiago Martínez logró ubicar a una paisana suya en el fraccionamiento Las Casitas, quien le dio alojamiento; ahí llegó el jefe del campamento Luis Andrés Huerta para entregarle 3 mil pesos que supuestamente eran un apoyo de los dueños de Los Pinos, pero le hizo firmar su renuncia voluntaria y el deslinde de responsabilidades.

Miles de jornaleros de municipios de la Montaña alta de Guerrero abandonan cada año sus comunidades para ir a trabajar a los campos agrícolas del norte del país. Los indígenas han denunciado una serie de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos y laborales.