La Secretaría de Marina (Semar) no aceptó la recomendación 58VG/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida por la desaparición forzada, detención arbitraria, privación de la libertad, violaciones a la integridad y la seguridad personal, cometidas contra una persona en Villa Purificación, Jalisco, el 15 de diciembre de 2017.
El hijo de la víctima denunció que la noche de esa fecha irrumpieron en su domicilio cuatro hombres vestidos con pantalón de mezclilla, playera y chalecos “que decían Marina”, y se llevaron a su padre, de quien desde entonces no se tiene noticia.
Tres días después, los familiares del desaparecido presentaron dos escritos a la CNDH, quien asumió la investigación del caso y pidió a la Semar información sobre sus acciones en el área, a lo que la dependencia contestó, en un inicio, negando que sus elementos estuvieran desplegados en la zona.
Los familiares presentaron denuncia ante el Ministerio Público, donde atestiguaron que los responsables se transportaban en camionetas con los colores usuales de los vehículos de la Armada, pero con los logotipos cubiertos con cinta, además de que usaron capuchas para ocultar su rostro.
Con base en los elementos que recabó, la CNDH emitió la recomendación donde, entre otras cosas, ordena a al Semar colaborar con las investigaciones del caso y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para establecer los medios de reparación que se concederían a la familia del desaparecido, lo cual podría incluir una compensación económica.
Esta recomendación fue rechazada por la Armada quien, en un documento dirigido a la opinión pública, afirma que en durante diciembre de 2017 y enero del año siguiente tuvo una base temporal en el poblado de Corcovado, municipio de Autlán de Navarro, pero que 55 elementos no desplegaron operaciones en Villa Purificación.
La “CNDH, determina que se acredita plenamente la presencia de personal naval en el lugar de los hechos, por el dicho de testigos, notas periodísticas de medios de comunicación, entre otras; sin embargo, esta institución considera que se trata de una apreciación valorativa sin plena justificación legal, que traspola dicha circunstancia a la afirmación contundente de que personal de esta institución participó en los mismos”, señala la Semar.
Agrega que las evidencias presentadas en la recomendación no son suficientes para acreditar fehacientemente la violación a derechos humanos por parte del personal naval y, aunque reitera su voluntad de cooperar en la investigación del caso añade que “esta Institución se encuentra imposibilitada para aceptar la recomendación 58VG/2022”.
