Ciudad de México. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México abrió un expediente de investigación sobre la operación del restaurante de tacos Don Eraki en la colonia Escandón, propiedad de la familia del alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea.

La indagatoria fue abierta con el folio OIC/MH/D/0278/2022, a fin de determinar la existencia de faltas administrativas por servidores públicos de la alcaldía, de conformidad con la Ley de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México.

Mediante un oficio, la titular del órgano interno de control, Erika Escobedo Neri, confirmó a integrantes del comité de participación comunitaria el inicio de las investigaciones.

En septiembre pasado, vecinos de la colonia Escandón denunciaron un posible conflicto de intereses del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, quien junto con su familia es socio del establecimiento comercial Don Eraki, el cual presuntamente viola el uso de suelo.

Los quejosos solicitaron a la autoridad indagar si el local cuenta con permisos y autorizaciones conforme a la normatividad.

Días después, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) acudió al restaurante para solicitar la documentación que acredita su funcionamiento, pero ante la negativa colocó sellos de suspensión de actividades; sin embargo, durante la diligencia el padre del alcalde panista, Daniel N, amenazó con un cuchillo a uno de los servidores, lo que posteriormente fue considerado como tentativa de homicidio por la Fiscalía General de Justicia.

Fue así que Tabe fue vinculado a proceso; no obstante, debido a la edad del imputado y su estado de salud, le fue aplicada una medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria.

Por otra parte, se dio a conocer que Martín Adolfo Mejía Briones, ex director de Obras de la alcaldía Miguel Hidalgo, fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión por el delito de abuso de autoridad por el pago a una empresa para realizar obras de rehabilitación en el mercado Escandón, mismas que no fueron realizadas; también pagará cerca de 40 millones de pesos por la reparación del daño.

El funcionario en la gestión de Víctor Hugo Romo entregó 40 millones 74 mil pesos a la empresa Elementos Estructurales y Construcción BC para trabajos que deberían concluirse en 2014.

En noviembre de 2016, la entonces jefatura delegacional presentó la denuncia correspondiente ante la extinta Procuraduría General de Justicia por irregularidades detectadas en el mercado, luego de que la Contraloría realizó algunas observaciones.