Cuernavaca, Mor. La ejecución de la diputada Gabriela Marín Sánchez evidencia la violencia e inseguridad pública que padecen los habitantes de Morelos por la incapacidad de los tres niveles de gobierno, así como los tres poderes del gobierno de Morelos, por garantizar la seguridad y la justicia a los morelenses, opinaron abogados y  defensores de derechos humanos y sociales de la entidad. 

Pero algunos entrevistados consideraron que esta situación de violencia e inseguridad en Morelos se aumenta  aún más por la presunta  colusión que existe de diputados locales, algunos integrantes del gabinete del gobierno del estado actual y anterior,  y presidentes municipales.

“Considero que el homicidio de la diputada Marín es un tema que viene a evidenciar la inseguridad pública que vivimos en el estado de Morelos, igual de grave es el resto de  homicidios o feminicidios  en contra de las  y los morelenses, es decir, es fatídica la muerte  violenta en contra de la diputada; pero igual de fatídico es la situación de violencia que se vive,  vivimos todos los morelenses en el estado”. 

“Por ello mi postura como presidente del Foro Morelense de Abogados siempre ha sido exigirle a la autoridad, ya sea  el ejecutivo del estado (Cuauhtémoc Blanco Bravo),  a los presidentes municipales, a los  diputados (de la 55 legislatura),  que si hacemos un antecedente la mayoría fueron alcaldes en sus municipios, desde luego al gobierno  de la república  (que encabeza Andrés Manuel López Obrador) para que en su conjunto puedan ellos combatir el delito”, opinó el presidente del Foro Morelense de Abogados de Morelos

No obstante, advirtió que en esta entidad morelense, desde hace varias administraciones estatales atrás y en la actual, “creo que la situación se acrecenta,  porque desafortunadamente, hay muchos políticos que tiene un halo de colusión con los diferentes los diferentes grupos delictivos y esto hace que sea mucho más difícil erradicar la inseguridad en el estado de Morelos.

“Por eso el llamado de Foro no solo es para el comisionado estatal (Antonio Ortíz Guarneros), o para la  secretaria municipal (Alicia Vazquez Luna)”; sino para toda “la clase política” del estado de Morelos comenzando con los diputados de la 55 legislatura y el gobernador, porque consideró que hasta hoy,   todos, -unos más  y otros menos-, han contribuido a que esta entidad padezca “este ambiente de violencia e inseguridad pública y  que padecemos en el estado de Morelos”.

Por su parte, el luchador social, Gabriel Rivas Ríos, opinó que el homicidio de la diputada “es indudable que tiene que ver con la incapacidad, tanto del gobierno municipal como el Estatal para someter a la delincuencia organizada; pero lo peor de todo es el involucramiento que los tres niveles de gobierno tiene con la delincuencia organizada.
“Si con esa facilidad asesinan a una Diputada, que se puede esperar un ciudadano común y corriente”, sentenció el dirigente de la organización Gustavo Salgado Delgado.

Llamó a los morelenses a organizarse y hacer lo mismo que hicieron durante el sexenio del ex gobernador Jorge Carrillo Olea, “organizarnos y luchar para sacar a los gobiernos ineptos de José Luis Urióstegui, y otros presidentes municipales, y el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco”.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos sostuvo que el feminicidio perpetrado contra la diputada es consecuencia de que en esta entidad, comenzado por las propias y propios diputados, no se aplican las medidas adecuadas para garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia.

“Es una demostración del grave feminicidio que hemos documentado desde  el 2000, hasta  la fecha, más de mil casos  documentados, y que sin embargo, no se aplican las medidas adecuadas para garantizar el acceso de las mujeres a  una vida libre de violencia.

“Por esa razón hoy más que nunca el congreso del estado tiene  la obligación de revisar todos los aspectos que tiene que ver en materia de  la legislación en materia de protección  de los derechos a las mujeres, para  que se revisen toda las medidas que hoy más que nunca deben  ser urgentes para que las mujeres no sigan siendo víctimas de feminicidios en Morelos.”, dijo José Martínez vocero de la CIDHM, la organización promotora de la alerta de violencia de género en Morelos.

Otras activistas de la zona oriente de la entidad, de donde es originaria la diputada (del municipio de Jantetelco) opinaron sin revelar su identidad, ya que esta región está cooptada por diferentes células criminales que operan a veces hasta con la protección de los mismos diputados de esta región y hasta algunos presidentes municipales, que "no se debe de descartar" que la diputada haya  sido blanco de un ataque de una organización criminal para obligar al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a negociar algo a cambio, o con el gobierno federal.

 También consideraron  grave que integrantes del gabinete de este gobierno de Blanco Bravo, como de la administración anterior de  Graco Ramírez,  así como diputadas y diputados y presidentes municipales de las diferentes regiones de Morelos, tengan ligas con algunas células criminales que operan en la entidad.

Gabriela Marín Sánchez de 37 años de edad apenas había incursionado en la política el pasado 15 de julio después de que Juan José Vázquez Yáñez, de 85 años,  muriera por una enfermedad en abril pasado.

 Gabriela era cuñada del ex diputado local  (de la 53 legislatura) y ex alcalde de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel, y su designación vía un juicio que interpuso ante el TEEM desplazó de la curul a Roberto Yáñez Moreno, sobrino del diputado Juan José (fallecido), y quien logró (Roberto) que 10 diputados en su mayoría del PAN, Panal y Movimiento Ciudadano le tomaran protesta (a principios  de mayo pasado) aunque a él no le correspondía. La suplente de Gabriela es Marguis Zoraida del Rayo esposa de Roberto Yáñez Moreno.

Los hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno fueron los  que trajeron mediante el partido local PSD a Cuauhtémoc Blanco Bravo, y lo nombraron candidato a presidente municipal de Cuernavaca mediante ese partido local; pero durante la administración municipal que ganaron (2015-2018) se pelearon y se acusaron (ambas partes) de cometer actos de corrupción.

Julio Yáñez Moreno fue integrante de la 53 legislatura (2015-2018), considerada “una de las legislaturas más corruptas”, y además Julio formó parte de los diputados del PRD, así como panistas y priístas que trabajaron para el gobernador ex gobernador Graco Ramírez y su hijastro de éste, Rodrigo Gayosso Cepeda ex candidato a gobernador que se quedó en cuarto lugar en las pasadas elecciones estatales. En esas elecciones ganó el actual gobernador Blanco Bravo (2018-2024).El partido Morelos Progresa fue conformado en su mayoría por ex diputados de esa pasada legislatura (la 53) y participó por primera vez en las pasadas elecciones del 2021. Y sólo ganó un municipio el de Amacuzac, con Jesús Iturbide, y según fuentes policiacas, controlado por bandas criminales. También ganó una diputación plurinominal. La curul que ocupó por más de dos meses la diputada Gabriela Marín Sánchez, asesinada el  5 de octubre por sicarios no identificados que se dieron a la fuga. Y que hasta hoy no han sido detenidos.