Ciudad de México. El crimen organizado opera con tecnologías de la información y comunicación que hacen indispensable que para su combate se recurra a la cooperación internacional, afirmó el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, al inaugurar el encuentro Crimen organizado trasnacional y grupos en situación de vulnerabilidad en América Latina, organizado como parte del Pacto Europa-Latinoamérica.

El crimen organizado no tiene fronteras, afecta de manera muy particular a los grupos más vulnerables: mujeres, niñas, niños, migrantes, y a las personas indígenas, señaló el ministro.

Agregó que, en el combate a estas actividades ilícitas, los jueces tienen un papel complejo, pues ante todo deben proteger los derechos humanos y la constitución, comprobando que las autoridades hayan cumplido con estas normas al investigar o detener a los presuntos participantes en las redes del crimen organizado.

Tenemos que anteponer los derechos humanos, a veces con costo social ante la incomprensión de que el trabajo que hacemos tiene que anteponer los derechos humanos por bienes superiores que son precisamente la democracia y el estado constitucional de derecho y los derechos de todas y de todos, sostuvo Zaldívar.

El jefe de la delegación de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, señaló que hoy en gran medida el crimen organizado es una actividad trasnacional, que utiliza las nuevas tecnologías y comunicaciones, lo cual les permite operar desde un país para cometer un delito en otro, y mover sus recursos ilícitos a una tercera nación.

Los criminales trabajan más allá de las fronteras

Para combatir esta realidad, es necesario que las leyes y los operadores de la justicia se adapten y cooperen más allá de las fronteras. Frente a la delincuencia del siglo XXI necesitamos la aplicación de leyes y prácticas del siglo XXI, recalcó.

Por su parte, Gloria Alves, coordinadora adjunta del Componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia del Pacto Europa-Latinoamérica, señaló que el crimen organizado trasnacional se concentra en actividades ilícitas como la trata de personas, delitos contra el medio ambiente y contra el patrimonio cultural.