San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), lamentó el desplazamiento de 138 indígenas del ejido Santa Martha, municipio de Chenalhó, ocasionado por la disputa de tierras y exigió que se investigue de manera “diligente la actuación de los grupos armados, que abone a su desarticulación y desarme”.

En un comunicado, demandó al Estado mexicano “adoptar medidas integrales para prevenir las causas del desplazamiento forzado interno en la región, así como a garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas para disfrutar de una vida digna y en paz”.

Manifestó que “desde el Frayba hemos señalado la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la omisión y mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en la región de los Altos de Chiapas que amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes”.

Sostuvo que lo anterior “constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo y a una vida en familia”.

Al menos 138 pobladores de Santa Martha se desplazaron en los días recientes hacia la comunidad de Polhó, debido a que fueron agredidos por sus vecinos, a causa de la disputa de 49 hectáreas.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, expresó que “en diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia; diversos actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico2.

De 2011 a la fecha, abundó, “hemos documentado 40 conflictos en los que las armas se han convertido en el recurso central y en 33 casos fueron usados altos calibres. La mitad de estos eventos se desarrollaron en los Altos de Chiapas, destacando los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc”.

Aseguró que “los actores son diversos, desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, hasta organizaciones sociales corporativistas afines al Estado”, as lo que “hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional”.

El Frayba afirmó que “la descomposición social que hoy atestiguamos emana tanto del conflicto político-militar irresuelto, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales”.

Agregó: “La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales”.