Madrid. Después de un intenso debate parlamentario, el Senado español aprobó por mayoría la nueva Ley de Memoria Democrática, que sustituye o amplía la aprobada en el año 2011 y con la que se pretende resarcir a la víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
Para unos, el sector de la derecha, se trata de una norma “revanchista” y que “traiciona el espíritu de la transición”, mientras que para los partidos más escorados a la izquierda y los nacionalistas catalanes es una legislación “insuficiente” porque no permite juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura y tampoco profundiza en la transparencia de la inforamción histórica de todos los archivos, incluidos los militares.
En cualquier caso, la nueva ley permitirá que los hijos y los nietos de personas que tuvieron que exiliarse por razones políticos o de credo tengan derecha a la nacionalidad española de forma automática. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, cumple así uno de sus objetivos prioritarios de esta legislatura.
La nueva legislación de memoria democrática superó el último trámite antes de su entrada en vigor, es decir la aprobación definitiva en el Senado, que finalmente salió adelante el texto que se aprobó en su día en el Congreso de los Diputados. Los grupos que votaron a favor fueron los 128 senadores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos, EH-Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, mientras que votaron en contra 113 parlamentarios del Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos, con lo que abstención de los 18 senadores de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Cat (JxCat) y la CUP fue crucial para su aprobación definitiva.
Las novedades de esta nueva legislación con respeto a la del año 2011, aprobada entonces por el gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, es que se “resignificará” el mausoleo que en su día mandó a construir el dictador Francisco Franco para que reposaran sus restos y los de otros líderes de la Falange, el Valle de los Caídos, que ahora se aspira a transformarlo en un memorial en el que se recuerda la historia reciente y se rinda homenaje a las víctimas, sobre todo a los miles de republicanos presos que lo constuyeron después de haber sido sometidos a trabajos forzados.
También se aprobó la retirada de todos los títulso honoríficos y nobiliarios que le fueron otorgados a los colaboradores del dictador Franco durante la guerra y durante el régimen totalitario. Es una medida simbólica, pero que supone señalar a los que con su apoyo permitieron la perpetuación de la dictadura fascista en España.
“Hoy es un día inolvidable para la democracia española porque la hacemos mejor, pasamos definitivamente página de la etapa más negra de nuestra historia y abrazamos lo mejor de una ley humanitaria que está con las víctimas y, por eso, hubiera merecido un consenso amplísimo, de unanimidad de las cámaras”, explicó el impulsor de la Ley, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Entre las reparaciones más signifitivas de la nueva legislación se incluye, según el texto aprobado, que “se incorporan actuaciones específicas que se refieren a los bienes expoliados durante la Guerra y la Dictadura, mediante la realización de una auditoría de los mismos y en consecuencia la implementación de las posibles vías de reconocimiento a los afectados”.
Además, dice la nueva ley, “desde un punto de vista particular, y por su carácter simbólico, la disposición adicional novena prevé la restitución de bienes incautados a las fuerzas políticas durante la Dictadura cuando lo fueron en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o administrativos. Asimismo, se recoge el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados durante la Guerra y la Dictadura, entendiendo por tales, de acuerdo con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de 28 de junio de 1930, todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.
Y, por último, la nueva ley contempla que “como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone en la disposición adicional octava una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia”.
