Morelia, Mich. La comunidad indígena de Ostula exigió a todos los niveles de gobierno el respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de su guardia comunal y para el ejercicio de “nuestra libre determinación y autonomía y en concordancia con acuerdos previos que hemos adoptado con las instituciones de gobierno en aplicación de los derechos que nos señalan los instrumentos jurídicos internacionales”.

Advirtió que “defenderemos la existencia, funcionamiento y permanencia de nuestra guardia comunal y de nuestro sistema de seguridad comunitaria por ser éstos la garantía de nuestra integridad territorial y de la vida y la libertad de los habitantes de la comunidad y del municipio”.

En un comunicado, acusó que “mientras el estado de Michoacán se encuentra desbordado por la criminalidad y el crecimiento territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la comunidad de Santa María Ostula y la parte del municipio de Aquila con presencia de Guardias Comunales, respiran un clima de paz y tranquilidad.

Por lo anterior, sostuvo, “es inexplicable que actualmente el gobierno del estado, encabezado por Alfredo Ramirez Bedolla, esté amagando con desarticular las guardias comunales del municipio de Aquila, mediante la utilización de la Guardia Nacional y los cuerpos militares”.

Reprochó los dichos del mandatario morenista, quien el pasado 6 de septiembre dijo que su administración “está empeñada en dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”.

Reprobó que haya mencionado que pone especial atención en Aquila, al que pertenece nuestro pueblo, y que “en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley”.

La comunidad de Ostula reiteró que su guardia comunal “no impide el libre tránsito de la población, ni en ella coexisten grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las familias michoacanas”.

Aseguró que mediante sus órganos autónomos de gobierno y sus normas propias, reglamenta y faculta a la guardia comunal para brindarnos la seguridad en nuestro territorio.

“Santa María Ostula ejerce sus derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, autogobierno y territoriales, lo que incluye la existencia y funcionamiento de su guardia comunal, de conformidad con las regulaciones constitucionales y convencionales vigentes como son los artículos 2 de la Constitución; 1, 2, 3, 4, 5 Y 7 de la declaración sobre los derechos indígenas de las naciones unidas.

Asimismo, los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 del Convenio número 169 de la organización internacional del trabajo y 1, 2 Y 5 de la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Manifestó su preocupación ante lo ocurrido en la región de la Costa-Sierra, “donde desde el 29 de septiembre pasado el CJNG tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias con el propósito de explotar las minas de esa localidad.

Refirió que días antes la Guardia Nacional ocupó dicha población, desarmó y desarticuló a su guardia comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó por completo la localidad. “El resultado: actualmente Chinicuila es un lugar sepulcral en manos de la delincuencia organizada ante la presencia pasiva de los cuerpos federales de seguridad”.

Exigió que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina “se abstengan de ocupar nuestro territorio comunal con el pretexto de la aplicación del Plan DNIII; su presencia debe constreñirse, como ha ocurrido hasta el día de hoy, a la carretera federal costera número 200”.

Recordó que la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, reorganizó su guardia comunal desde el 2009 para defender la vida, integridad, libertad y derechos territoriales de sus habitantes ante el acoso permanente de los cárteles criminales, generalmente protegidos por los gobiernos en turno.

“La guardias comunal se rige de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad y está jerárquicamente subordinada a la Asamblea General de Comuneros y a las autoridades civiles de la propia comunidad, misma que cuenta con un autogobierno propio históricamente reconocido por las diversas instituciones del Estado Mexicano”, puntualizó.

Rememoró que entre los años 2009 y 2014 “nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los caballeros templarios; situación que provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales.

También se perpetró el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65 batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo lo anterior a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la comunidad desde el año 2010.