El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, comparecerá ante el pleno de San Lázaro el 25 de octubre, para iniciar el análisis del Cuarto Informe presidencial.

Este martes, durante la glosa del Informe en materia de política interior, las bancadas cruzaron posturas sobre el manejo de la política de seguridad y se revisó el riesgo a la seguridad nacional que implica el hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Mientras la oposición resaltó que asesinatos y desapariciones continúan en aumento, Morena insistió que aun cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta el problema “con valor”, la política seguirá siendo de la de “no combatir la violencia con más violencia; con abrazos y no balazos”.

Ante la insistencia de las críticas, la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena) expresó: “Ya se les olvidó que fue un presidente alcohólico, el que detonó la guerra” contra el narcotráfico.

La vocera de la dirigencia del PRI y diputada federal, Paloma Sánchez Ramos, expuso que México vive la peor crisis de seguridad de la historia y el gobierno federal y Morena no pueden continuar culpando al pasado.

“Este gobierno normalizó la violencia y peor, es indiferente ante ella. Mienten con descaro sobre la realidad diciendo que tienen otros datos. No importa si Culiacán, Zacatecas, Tijuana, Ciudad Juárez u otro lugar es atacado por el crimen organizado, la política de Morena es decir que a los criminales hay que abrazarlos y liberarlos y muchos gobernadores se suman a esta política y no enfrentan al crimen”, sostuvo.

Cuestionó que la respuesta de Morena ante las masacres, al dolor de las madres de desaparecidos, y a la violencia en contra de los periodistas, “es la campaña electoral del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, que abandona su cargo para buscar una candidatura y dinamita siempre el trabajo en conjunto”.

El coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, expuso que la prisa porque hoy el Senado, y la próxima semana la Cámara de Diputados, aprueben la ampliación a 2028 de la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad, es “para lavarle la cara al Ejército” por el jaqueo del que fue objeto.

Abundó: “El gobierno le falló al país, desde la Defensa, que debe rendir cuentas. La licencia (de espionaje) sí se adquirió, y el software sí se usó. ¿Quién autorizó el espionaje a periodistas, activistas, organizaciones? ¿El presidente? ¿Una autoridad judicial?”