Ciudad de México. Con una “enfática oposición” a que el Ejército continúe con las labores de seguridad pública, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, así como organizaciones estudiantiles, sindicales y populares, concluyeron su movilización en el marco del 54 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

En el Zócalo capitalino reiteraron también que su lucha “histórica es contra la impunidad”. Afirmaron que a pesar de los años existen elementos suficientes para acceder a la justicia contra los perpetradores de la masacre contra el movimiento estudiantil. “Los nombres y cargos de los perpetradores están ahí”.

Frente a miles de personas que participaron en la marcha de este domingo - que partió desde la plaza de las Tres Culturas-, y con el Palacio Nacional a sus espaldas, los convocantes defendieron su rechazo “a la militarización del país”. “No le hacemos el juego a la derecha ni a nadie, somos consistentes en insistir en que el Ejercito mexicano ha cometido de manera reiterada y sistemática graves violaciones a los derechos humanos”.

Apuntaron que “la persecución, la detención extra judicial, la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la violación y la ejecución, son el común denominador en la larga lista de agravios contra el pueblo”.

También rechazaron la consulta ciudadana anunciada por el gobierno federal para ampliar las tareas del Ejército en labores de seguridad. “Es una simulación para legitimar la militarización del país, con un instrumento a modo”.

Sobre su demanda de justicia y reparación del daño por la matanza del 68, lamentaron que la Fiscalía General de la República clasificara como confidencial por cinco años, información referente “a las 450 averiguaciones previas” iniciada por la Fiscalía Especializada para Movimiento Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), “lo que pretende lapidar el acceso a la justicia para más de 500 desaparecidos por motivos políticos”, así como en los casos del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y el periodo de contrainsurgencia conocido como guerra sucia.

Asimismo, acusaron que se redujo significativamente el número de ministerios públicos destinados a estos casos.