Irapuato, Gto. No se olvidará la golpiza “brutal” y las amenazas de muerte que recibieron las manifestantes detenidas, en la marcha del primero de mayo, expresó la señora Yoselin, una de las afectadas por la represión policiaca, durante la disculpa que ofreció la alcaldesa panista de Irapuato, Lorena Alfaro García, a las mujeres apaleadas por mujeres policías.

Ante las 24 mujeres violentadas y en presencia de la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez; la presidenta municipal prometió que no se volverán a repetir actos de represión e informó que aceptó los seis resolutivos de la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).

“Esta disculpa pública no la ofrezco solamente como una atención al seguimiento a la recomendación de Derechos Humanos, sino que representa mi firme convicción de respetar la libre manifestación y los derechos humanos de las personas”, señaló Alfaro García.

Reprobó los actos que atentan contra la dignidad humana y ofreció que la policía no volverá a reprimir a las mujeres que participen en una manifestación.

“En los próximos días estaremos dando cumplimiento a todas y a cada una de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría para reparar el daño a quienes fueron afectadas en sus derechos”, anunció la munícipe.

El gobierno de Irapuato, de la mano de la sociedad, sentará las bases para que exista un respeto pleno al estado de derecho y a los derechos humanos, afirmó Lorena Alfaro.

Las Libres

En el Ministerio Público siguen vigentes denuncias penales contra mujeres policías que incurrieron en abusos sexuales y en un uso irracional de la fuerza pública, señaló la directora de El Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, quien celebró que sea reconocido que hubo represión.

“Es un buen momento para celebrar este evento, porque para empezar a resolver los problemas es importante reconocerlos”, dijo la activista ante la presidenta municipal y las víctimas.

El gobierno debe respetar las “diferentes formas de manifestación”, aunque hay diversas posturas sobre las “expresiones feministas” usadas en una protesta, refirió.

“A veces nos dicen no son las formas, es momento de pensar que la rabia y la indignación de las mujeres organizadas es el tamaño de la violencia contra las mujeres, las desapariciones, las violaciones, esa indignación se manifiesta en las calles porque también es el tamaño de la incapacidad que tiene el estado para resolver los problemas que afectan a las mujeres”, argumentó.

Golpearon a menores

La activista cedió la palabra a Yoselin, mujer que fue arrestada y golpeada junto a su hija de 13 años, quien narró como fueron humilladas, golpeadas y amenazadas de muerte por mujeres policías.

“Al ver que estaban golpeando a mi hija sentí una impotencia muy fuerte, porque por más que quería defenderla no podía, porque era golpe tras golpe”, recordó.

Recriminó que aunque el trabajo de la policía era protegerlas “nos hicieron mucho daño fisca y psicológicamente, al decirte que te van a cortar la cabeza y aventarte a un canal, una muerta más una menos para ellas”.

“Nos trataron como delincuentes, como si nosotras hubiéramos hecho los daños -quemar la puerta y una oficina de la Presidencia Municipal-, no agarraron a ninguna de las personas que hicieron los daños y creo que no es justo”, reprochó.

Las policías golpearon brutalmente a las manifestantes y “no es algo que se olvida y no se va olvidar, fue una tortura lo que nos hicieron, aventarnos alcohol y decir que nos iban a quemar. Abusaron sexualmente de una mujer a otra mujer”, relató mientras las víctimas levantaron pancartas con las leyendas: “Ni perdón ni olvido” y “ya vieron que nos las cuidamos”.

Por la represión policiaca, la Prodheg emitió una recomendación con seis resolutivos donde solicitó a la presidenta ofrecer una disculpa pública, atención sicológica, médica y una indemnización a las víctimas.

También pidió que sean sancionadas 26 mujeres policías y el ex director de la corporación, Rubén Omar Jaramillo Mariscal, que capaciten al personal operativo de seguridad y que aprueben un reglamento que garantice la libre manifestación.