Nueva York. La demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadunidenses por su responsabilidad en nutrir el flujo ilícito de armas de fuego empleadas por el crimen organizado en México fue desestimada este viernes por el juez federal encargado del caso en Massachusetts.

Desafortunadamente para el gobierno de México, todos sus reclamos legales están prohibidos por ley federal o fracasan por otras razones, declaró el juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts en su fallo emitido ayer.

El juez Saylor afirmó que la norma federal conocida como Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) inequívocamente prohíbe demandas legales que buscan responsabilizar a fabricantes de armas por los actos de individuos que las usan para sus propósitos y no hay excepciones aplicables a este caso.

Argumentó que este tribunal no tiene la autoridad de ignorar un acto del Congreso, al referirse a la ley federal que cita como la base de su resolución.

El juez indicó que mientras el tribunal tiene considerable simpatía para el pueblo de México, y ninguna para aquellos que trafican armas a organizaciones criminales mexicanas, tiene que seguir la ley debidamente.

El fallo, de 44 cuartillas, detalla el razonamiento legal de esta decisión que, por ahora, anula el proceso legal civil contra los siete fabricantes de armas y una empresa de venta al mayoreo en su negocio: Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock y Sturm, Ruger & Co; y el vendedor al mayoreo Witmer Public Safety.

México, recuerda el fallo, denuncia que de 342 mil a 597 mil armas vendidas por los demandados son ilegalmente trasladadas desde Estados Unidos cada año y que ahora ocupa el tercer lugar mundial en muertes relacionadas con armas de fuego; así, vincula el incremento de la violencia a la conducta empresarial de los acusados. Por tanto, el gobierno mexicano formuló nueve cargos contra los demandados.

Pero al final prevaleció la PLCAA, la cual otorga amplia inmunidad legal a fabricantes, distribuidores y vendedores de armas, y protege a estas empresas de demandas civiles por el uso ilegal de sus productos en Estados Unidos.

México presentó su demanda civil contra empresas de armas y un distribuidor en Estados Unidos el 4 de agosto ante el Tribunal Distrital en Massachusetts, argumentando que los fabricantes facilitan deliberadamente la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera.

La demanda buscaba tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas compañías para frenar el flujo ilícito de armas al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos.

El recurso legal de México fue apoyado ante el tribunal por seis de las principales organizaciones de prevención de violencia con armas de fuego en Estados Unidos, los procuradores estatales de 13 estados y la capital, así como decenas de fiscales distritales alrededor del país, los cuales se sumaron al caso en su capacidad de amigos de la corte.

Habrá segunda etapa: SRE

Arturo Sánchez Jiménez

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció anoche que impugnará la decisión del juez federal de la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, que desestimó el caso presentado por el gobierno de México en contra de la negligencia de empresas estadunidenses que fabrican, distribuyen y venden armas de fuego, lo que facilita su tráfico ilícito hacia territorio mexicano.

La cancillería indicó en un comunicado que después de exponer los argumentos del gobierno de México, el juez decidió que las empresas demandadas gozan de la protección de la ley estadunidense y que está impedido para cuestionar la voluntad del Congreso de ese país, aun cuando los señalamientos de la demanda pueden evocar una respuesta empática.

El juez también dijo que “aun cuando la Corte tiene considerable empatía por las personas de México, y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley.

Se trata de la decisión en primera instancia de una acción inédita y valerosa del gobierno de México para evitar que armas de fuego, muchas de alto poder, causen violencia en nuestro país, informó la SRE.

Agregó que apelará la decisión del juez federal y seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente en que se venden en Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas.

Afirmó que la denuncia ha recibido reconocimiento mundial y ha sido considerada un parteaguas en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que se vive en México y en la región. Procuradores estatales y fiscales estadunidenses, académicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de otros países apoyan al gobierno de México en esta acción.

La SRE continuará actuando para terminar con el tráfico ilícito de armas. La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país.