Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció esta noche que apelará la decisión del juez federal de la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, que desestimó el caso presentado por el gobierno de México en contra de la negligencia de empresas estadounidenses que fabrican, distribuyen y venden armas de fuego, que facilita su tráfico ilícito hacia territorio mexicano.

La Cancillería señaló en un comunicado que después de señalar los argumentos del gobierno de México, el juez decidió que las empresas demandadas gozan de la protección de la ley estadounidense y que está impedido para cuestionar la voluntad del Congreso de ese país, “aun cuando los señalamientos de la demanda pueden evocar una respuesta empática”.

El juez también dice que “aun cuando la Corte tiene considerable empatía por las personas de México, y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley”.

“Se trata de la decisión en primera instancia de una acción inédita y valerosa del Gobierno de México para evitar que armas de fuego, muchas de alto poder, causen violencia en nuestro país”, señaló la SRE.

Agregó que “el gobierno de México apelará la decisión del juez federal y seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas”.

Afirmó que la denuncia mexicana “ha recibido reconocimiento mundial y ha sido considerada como un parteaguas en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que se vive en México y en la región. Procuradores estatales y fiscales estadounidenses, académicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de otros países apoyan al gobierno de México en esta acción”.

Agregó que continuará actuando para terminar con el tráfico ilícito de armas. “La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la Cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país”.