Ciudad de México. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa admitió que han habido “intromisiones inexplicables” del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en los procesos de judicialización que ya había avanzado de manera importante y que forzaron la renuncia —“muy lamentable”— del ex fiscal de la Unidad Espacial de Investigación, Omar Gómez Trejo, a quien reconocieron su profesionalismo, independencia y ética.

Estas “interferencias y obstáculos” de la FGR al proceso podrían retrasar la investigación para el esclarecimiento y la justicia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y otros crímenes relacionados por tres o cuatro años más. Además, ponen en riesgo las averiguaciones a las que está sujeto el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien “a pesar de las múltiples evidencias aportadas” sobre su responsabilidad en la fabricación de la llamada “verdad histórica” y participación de la tortura contra detenidos en busca de declaraciones autoinculpatorias “se corre el riesgo de que no se dicte una condena”, con la resultante impunidad que perdura ya ocho años desde los hechos de Iguala.

“Parece que a la Fiscalía le interesa más la fotografía de la detención que los resultados del proceso”, comentaron.

Los cuatro integrantes del GIEI -Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz, Angela Buitrago y Francisco Cox- ofrecieron una extensa rueda de prensa para dar a conocer su tercer y último informe y dieron a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas le pidieron prorrogar su mandato de coadyuvancia en la investigación, que vence mañana, 30 de septiembre. Aunque López Obrador les pidió que se quedaran en México hasta el fin de su sexenio, en 2024, ellos prolongaran sus trabajos en el país por lo menos un mes.

En este lapso se harán los peritajes de las transcripciones que finalmente les entregó la Secretaría de Defensa, después de años de negar su existencia, con los chats que registran desde antes de 2014 la estrecha colaboración de corporaciones de seguridad, incluidos militares, funcionarios estatales y municipales con el narcotráfico.

Estas intercepciones de teléfonos lo que demuestran es el funcionamiento de la “macrocriminalidad” con autoridades civiles y castrenses, explicó la penalista Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala.

A su vez Ángela Buitrago reconoció que, a pesar de las acciones que han dificultado en los últimos meses el trabajo del propio grupo, de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y la Unidad especial, confían en la voluntad política del presidente López Obrador para llegar al fondo del caso, “porque él mismo nos lo dijo y porque, como comandante supremo de las fuerzas armadas, fue quien ordenó que se abrieran los archivos de la Sedena, que fue lo que finalmente permitió el acceso a información importante que se necesitaba corroborar.

Esto, a pesar de que el GIEI “toma nota con preocupación” que la UELCA se quedó sin policías y sin ministerios públicos que conozcan a fondo el expediente. “Sólo una persona pudo haber dado esta orden”, sostuvo Buitrago. Esta orden se emitió después de que el fiscal especial Gómez Trejo solicitara 83 órdenes aprehensión, entre ellas de los 21 militares. Indicaron que el GIEI, hasta la fecha, desconoce los fundamentos de esta decisión del juez correspondiente, quien lo único que les informó es que acató una petición de un ministerio público y “una orden emitida con criterios ajenos a la investigación”.

La peor consecuencia de la actuación de la FGR en las últimas semanas fue la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, entre ella las de militares y civiles cuya responsabilidad está demostrada en las evidencias presentadas, entre ellos un teniente de inteligencia clave en la investigación porque es el que recibía los informes de lo que estaba pasando y manejaba los controles del Centro de Control C4.

También indicaron que en este tercer informe hay nuevas evidencias sobre los presuntos torturadores y asesinos de Julio César Mondragón, el estudiante que fue encontrado en las inmediaciones del enfrentamiento la noche del 26 de septiembre en Iguala. Este joven mexiquense, casado y con una niña pequeña, fue desollado vivo y, según una última autopsia, sufrió al menos 64 fracturas.

Por último Carlos Beristain reconoció que en estos ocho años las mamás y los papás de los muchachos desaparecidos han sido maltratados y revictimizados, no solamente con “la verdad histórica” de Murillo Karam, sino en muchos otros momentos de versiones falsas y contradictorias. Recomendaron en ese momento al subsecretario Alejandro Encinas, quien preside la Covaj y estuvo presente durante la presentación del informe y la rueda de prensa, a que ponga fecha para que a la brevedad pueda darse un diálogo efectivo con los familiares.

“Ellos siempre le han dicho a las autoridades: ‘pónganse en nuestro lugar, piensen que es un hijo suyo el que está desaparecido. No nos mientan nunca. Este es un ejercicio que tiene que ser permanente”.