Guadalajara, Jal. Acompañada de al menos 12 mil personas entre comunidad estudiantil, académica, trabajadora y sociedad civil, la familia de Miguel Alejandro Soto Marín encabezó una marcha convocada por la Universidad de Guadalajara para exigir la aparición con vida del estudiante de 22 años, sustraído del interior de su casa el pasado 15 de septiembre y cuyo paradero, como el de los más de 15 mil desaparecidos que hay en Jalisco, sigue sin conocerse.

La marcha fue encabezada por María Magdalena Martín Marín, madre de Miguel, junto al rector Ricardo Villanueva y el rector del campus de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA), Gustavo Padilla Montes, donde estudia el desaparecido, saliendo del edificio de Rectoría General hasta llegar a Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno.

“Desde el 15 de septiembre se detuvo mi corazón. No me voy a rendir y voy a recuperar a mi hijo vivo. Les pido a quienes lo tienen que se toquen el corazón y me lo regresen vivo, como se lo llevaron”, dijo la señora Martín

El rector Villanueva afirmó que se unían al dolor y a la exigencia de su familia de que el alumno universitario sea localizado sin más demora y que termine la angustia que los acompaña desde que Miguel fue privado de su libertad dentro de su hogar y de manera violenta.

Agregó que Jalisco vive “uno de sus momentos más críticos por una tragedia, que ya es humanitaria, de grandes dimensiones”, la cual “no se ha querido reconocer por su gobierno y mucho menos se le ha dado la debida atención”.

El rector pidió la presentación inmediata y con vida de Miguel y de todos los desaparecidos, la comparecencia pública de las autoridades responsables para que informen sobre los avances del caso y “evitando en todo momento, como se ha convertido ya en una costumbre, la revictimización de Miguel y de sus familiares”.

También exigió la reactivación inmediata del Sistema Estatal de Búsqueda con el gobernador Enrique Alfaro como titular a cargo, como dispone la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

Otro punto que subrayó fue la creación de una mesa de situación en materia de personas desaparecidas, coordinada por el titular del Ejecutivo y con una representación amplia de la sociedad, además de la implementación de medidas extraordinarias para atender la búsqueda inmediata de las más de 15 mil víctimas que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, resolviendo de paso la crisis de saturación forense que impide la identificación oportuna de los cadáveres por sus familiares.