Tepic, Nay. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó oficialmente a las autoridades de Nayarit información de tres procesos penales que están a cargo de jueces de control y de personal ministerial de la Fiscalía estatal, relacionados con presuntos actos de corrupción de funcionarios de las pasadas administraciones priístas de Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), así lo dio a conocer el gobernador morenista Miguel Ángel Navarro Quintero.
Indicó que el primero de los asuntos requerido es del fraude ocurrido entre 2013 y 2018 en el que se adjudicaron ilegalmente en "juicios simulados" bienes inmuebles al Infonavit, afectando a unos 60 mil derechohabientes que supuestamente estaban en cartera vencida, ante el desconocimiento de las demandas masivas entabladas en su contra, ilícitos por los que están en prisión dos magistrados y dos jueces del Poder Judicial de Nayarit, y que representan un daño económico calculado en dos mil 257 millones de pesos.
Dijo que la otra información solicitada por la FGR tiene qué ver con el destino algo incierto desde 2016 de las más de tres mil vaquillas de registro que llegaron a Nayarit de Nueva Zelanda como parte de apoyos federales a los ganaderos, pero que el entonces gobernador priísta Roberto Sandoval Castañeda, preso desde junio del año pasado por otros delitos, asignó sin transparencia el hato a incondicionales, familiares y prestanombres, según denunciaron quienes resultaron afectados como deudores ante la Federación por ganado que nunca recibieron.
En referencia al tercer asunto relacionado con corrupción requerido por la Fiscalía federal, el mandatario nayarita explicó que se trata del megafraude cometido en contra del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) durante la administración de Ney González Sánchez, investigación y auditoría forense que está en proceso y que permitirá, según lo informó Navarro Quintero, "la recuperación de por lo menos 500 mil metros cuadrados" entre terrenos y bienes inmuebles, que de manera fraudulenta fueron cedidos a particulares vía comodato o en ventas simuladas con el aval de notarios y la validación de funcionarios del registro público de la propiedad estatal, así como de Bahía de Banderas y Compostela.
