Guadalajara, Jal. De forma simbólica vecinos de la colonia La Floresta del Colli, en Zapopan, clausuraron las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para protestar por la falta de atención y solución a sus denuncias, luego del desalojo y demolición de por lo menos 70 casas en abril pasado por estar en las inmediaciones de un arroyo de aguas pluviales pero sin que se les ofrecieran alternativas para irse a otro lugar. 

Al cumplirse este martes cinco meses de esos hechos que ocurrieron con la participación coordinada de la Comisión Nacional del Agua, Protección Civil estatal y municipal, la policía estatal y de Zapopan, además de la Guardia Nacional, las personas que padecieron el desalojo y destrucción de sus casas fueron a la CEDHJ para ver si sus quejas colectivas e individuales habían avanzado y estaba cercana algún tipo de recomendación contra las autoridades.  

“Los despojaron de sus viviendas, de documentos personales, de su patrimonio y del trabajo de toda una vida, dando de 5 a 10 minutos para desalojar por cada casa. A pesar de que CEDHJ estuvo presente durante el desalojo como espectadores, a pesar de haber presenciado los infames y brutales actos por parte de las autoridades y de haber recibido quejas individuales y colectivas, ésta no ha emitido ninguna recomendación o pronunciamiento al respecto, ni siquiera ha dado seguimiento al caso”, dijo Gabriela Juárez, una de las activistas que apoyan a los vecinos desalojados, entre los que hay integrantes de pueblos indígenas.

El desalojo en esa zona alrededor del llamado Arroyo Seco, cercana al bosque de La Primavera, se hizo debido al riesgo de inundaciones por las lluvias y que muchas de esas casas estaban en las inmediaciones del arroyo, lo que incrementaba dicho riesgo. 

El grupo fue atendido por la titular de la Cuarta Visitaduría, Katya Marisol Rico Espinoza, quien les mostró “los avances registrados a la fecha” y expuso que algunas quejas presentadas fueron derivadas a la CNDH y otras quedaron radicadas en la defensoría estatal, ya que los señalamientos involucran a autoridades estatales, municipales y federales.