Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo; a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Mendoza Vera y a autoridades municipales de Chiapas, por la contaminación del río San Vicente, ubicado en el municipio de Tzimol.

Indicó que el 19 de mayo de 2021 y 11 de mayo de 2022, recibió quejas en las que se detalló que el río San Vicente tiene graves índices de contaminación debido a las descargas de aguas residuales que se vierten sin tratamiento previo y a los residuos sólidos urbanos que se desechan inadecuadamente por la ausencia de infraestructura.

“Esta problemática se incrementa por el arrastre de los sedimentos de cambios de uso de suelo que ocasionan las actividades pecuarias y agropecuarias, además de la filtración de residuos tóxicos provenientes del relleno sanitario que se localiza en el Municipio de Comitán de Domínguez, cuyas operaciones contravienen lo establecido en la normatividad ambiental”, detalló.

En su recomendación 159/2022 expuso que la información y evidencias analizadas y valoradas acreditan la responsabilidad institucional “por violaciones a los derechos humanos al saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, para la población que habita y transita”por los municipios de Tzimol, Comitán de Domínguez y de Socoltenango, por parte de servidores públicos de Conagua, Profepa y el de los ayuntamientos mencionados que resulten responsables, ya que “por acción y omisión no garantizaron los citados derechos humanos”.

Por lo anterior, la CNDH solicitó a las personas titulares de Conagua, Profepa y presidentes municipales que celebren un convenio marco de coordinación interinstitucional para la protección ambiental, restauración y reparación integral de los daños ocasionados por la contaminación del río San Vicente, en que se dé la efectiva participación de todos los sectores sociales.

Asimismo, que diseñen un Programa Integral de Saneamiento del río San Vicente; que se elabore un programa anual de visitas de inspección calendarizado, para la vigilancia de las descargas de aguas residuales vertidas en el río, y en caso de detectar irregularidades, deberá iniciar los procedimientos administrativos y sancionatorios correspondientes.

“Si advirtieran hechos probablemente constitutivos de delitos ambientales, deberán presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República”, puntualizó.

La Conagua también deberá realizar los estudios técnicos necesarios y un inventario de los puntos de descarga de aguas residuales que se vierten en el río San Vicente, y garantizar que las estaciones de monitoreo en los cauces de éste cuenten con las condiciones necesarias para detectar eficazmente la presencia de contaminantes fuera de los límites permisibles.

Además, deberá suscribir los convenios necesarios para que, en concurrencia con el gobierno del estado de Chiapas, se adopten las medidas necesarias para remediación del río. Actualizar el Sistema Nacional de Información del Agua, con base en la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del agua, y que en lo subsecuente se registren en dicho sistema las actualizaciones necesarias.

De igual forma, se le pide que durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024 se hagan ante la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales las solicitudes de ampliación presupuestaria para que se asignen recursos suficientes para el Organismo de la Cuenca, con el objetivo de que ejerza debidamente sus atribuciones en materia de inspección y vigilancia.

A la Profepa se le pide que inspeccione el relleno sanitario de Comitán de Domínguez para verificar el cumplimiento a la normatividad vigente.

Por su parte, los presidentes municipales de Tzimol, Comitán de Domínguez y Socoltenango deberán realizar un proyecto que mejore los sistemas de alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas residuales en localidades urbanas y rurales y que garantice su sostenibilidad.