Ciudad de México. A ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano “garantizar la independencia e integralidad de la investigación”. Igualmente, pidió que se recupere la periodicidad de las reuniones de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia con las familias, y mejorar los canales de comunicación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Particularmente, subrayó que ante la falta de esclarecimiento de lo sucedido y para continuar los avances hasta ahora alcanzados, el Estado mexicano debe garantizar la independencia de la UEILCA, órgano responsable de la investigación y que a decir de los familiares de las víctimas y sus representantes jurídicos, parece haber sido desplazada de los trabajos ministeriales.

En un pronunciamiento, la CIDH igualmente valoró que el Estado “ha venido desplegando esfuerzos sin precedentes para mantener la continua búsqueda de los estudiantes en diferentes localidades del estado de Guerrero, y para promover el derecho de las familias a participar en dichas diligencias. Sin embargo, a 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa su paradero sigue sin conocerse”.

Sobre la UEILCA, indicó que ha recibido información preocupante indicando que esta unidad “estaría siendo objeto de desplazamiento en sus funciones ministeriales en el presente asunto. Al respecto, ha tomado conocimiento sobre la judicialización de carpetas de investigación relacionadas con los hechos del caso por parte de otras unidades fiscales de la FGR (Fiscalía General de la República) ajenas a la investigación y sus medios probatorios, incluso siendo la UEILCA el órgano legalmente competente para ello”, expuso.

Además, continuó, “se tuvo conocimiento sobre algunas solicitudes de desistimiento de una serie de órdenes de aprehensión en contra de agentes militares y autoridades ministeriales y administrativas del estado de Guerrero, por parte de agentes externos a la UEILCA . Asimismo, desde agosto de 2022, esta unidad no contaría con personal policial de investigación, lo que impide la recaudación de pruebas para la investigación y judicialización de nuevos cargos, así como el seguimiento de las causas penales abiertas a trámite”.

Refirió que en otras ocasiones la CIDH ha llamado la atención sobre los impactos en la efectividad e impulso en las investigaciones cuando hay cambios de operadores de justicia en una investigación penal, como podría ser la decisión de ejercicio de la acción penal. “La falta de coordinación y colaboración efectivas se pueden convertir en un importante obstáculo para las funciones de investigación de los delitos o para el desarrollo exitoso de los casos, por lo que es obligación de los Estados asegurar que existan canales de cooperación efectiva entre las autoridades fiscales, judiciales, policiales y cualesquiera otras”, enfatizó.

En este sentido, hizo un llamado al Estado mexicano a garantizar la independencia y operación de la UEILCA “sin interferencias, así como a evitar cualquier tipo de intromisión que pueda afectar sus labores a fin de proteger la integridad de la investigación”.

En un pronunciamiento, la CIDH igualmente resaltó que la representación de las víctimas ha indicado que la interlocución con el Estado ha sufrido variaciones y, en ocasiones, se ha visto interrumpida ante la intensificación de las demandas de las familias de esclarecer los hechos a la brevedad. “Asimismo, han señalado inconformidades con la divulgación de información y documentación que podría constituir evidencia relevante para la investigación, sin que antes hubiera tenido acceso el GIEI”.

Por ello consideró que la institucionalidad creada para avanzar en el caso Ayotzinapa requiere reorientarse en acciones y medidas que estén enfocadas hacia la centralidad de las víctimas. Es importante recuperar la periodicidad de las reuniones de la COVAJ con las familias y mejorar los canales de comunicación con UEILCA y el GIEI sobre toda información que pudiera constituir prueba en las investigaciones, antes de cualquier presentación o pronunciamiento públicos sobre la misma.

En cuanto a la investigación, expuso que se observan avances con la individualización y vinculación al proceso de presuntas personas responsables, la emisión y ejecución de órdenes de captura, la presentación de nuevas acusaciones y el inicio de procesos en sede judicial, así como por las irregularidades en las investigaciones y fabricación de diligencias para la obstrucción de justicia. “Estas acusaciones involucran delitos por graves violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada y tortura, y su ámbito de responsabilidad individual comprende a agentes del Estado municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas y personas funcionarias de cargos políticos, fiscales y ministeriales”, indicó.