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Suspende Propaem actividades en centro de control animal en Tultepec

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Personal de la Propaem se percató que en el sitio se realizaba el sacrificio de caninos. Foto La Jornada
25 de septiembre de 2022 17:25
Tultepec, Méx. La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), suspendió las actividades del centro de control animal del municipio de Tultepec, por la presunta comisión del delito de maltrato animal.
 
Informó que las presuntas conductas fueron observadas a través del Centro de Monitoreo y Vigilancia, el pasado 12 de septiembre, donde personal de la Propaem se percató que en el sitio se realizaba el sacrificio de caninos, por lo que, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la fauna, se realizó una visita de inspección.
 
Agregó que concluidas las diligencias, se encontraron elementos para aplicar la medida de seguridad consistente en la clausura temporal de las actividades, asimismo, la Procuraduría mexiquense realizó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la denuncia penal correspondiente por el delito de maltrato animal.
 
El titular de la Propaem, Luis Eduardo Gómez García, refirió que el estado de México cuenta con 33 centros de control animal, mismos que son videovigilados por la Propaem las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la finalidad de verificar los trabajos que ahí se realizan, precisamente para evitar cualquier tipo de maltrato animal y señaló que adicionalmente se realizan tareas de capacitación y visitas de inspección para corroborar las condiciones en las que operan.
 
Explicó que el Código para la Biodiversidad del Estado de México establece en su artículo 6.23 sanciones con multas que van de los 96 mil 220 pesos a los 240 mil 550 pesos a quien realice actos que atenten contra la integridad de la fauna doméstica.
 
Destacó que el Código Penal de la entidad contempla en sus artículos 235 Bis y 235 Ter., una pena de tres a seis años de prisión a quien cause lesiones dolosas a la fauna doméstica, incrementando la pena hasta por nueve años si quien comete el delito es un servidor público encargado del bienestar animal.
 

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