Buenos Aires. En la causa Vialidad “hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”, en la que se violó la Constitución Nacional, sostuvo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al presentar al mediodía de este viernes su alegato de defensa ante este caso, que le había sido denegado por la Fiscalía.

Aseguró que las acusaciones en su contra fueron realizadas sobre “decretos aprobados por el Parlamento”, al considerar que los fiscales y los jueces en este proceso constituyen “un claro caso de prevaricación”.

A 22 días de ser víctima de un fallido atentado, la vicepresidenta aludió en la audiencia que pudo presentarse ante los tribunales del juicio oral para este caso porque es abogada. “Si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión”, dijo la también ex presidenta de la nación en dos períodos (2007-2015), en un alegato que se convirtió en una conferencia magistral sobre las normas constitucionales y el derecho penal en el país.

Lo mismo lo hicieron sus abogados defensores que la precedieron en la sesión, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, al desmontar punto por punto las inconsistencias de la acusación fabricadas en la causa Vialidad, en la que se le acusa de participar para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

La acusación “no tiene ni pies ni cabeza”, calificó Fernández de Kirchner por Zoom desde su despacho de presidenta del Senado en el Congreso, demostrando que es “profundamente anticonstitucional”, al ejercer su derecho a defensa ante el Tribunal Oral Federal.

Analizando los motivos expuestos por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, demostró cómo se violó la constitución con las pruebas falsas que introdujeron irregularmente para pedir que se la condene a 12 años de prisión y se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos.

Ante ésto, solicitó a los jueces que “se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde, confrontados dichos del fiscal con la prueba obrante en autos, sea pericial, testimonial o documental, quede demostrado que los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación”.

Señaló que la acusación de los fiscales viola la Constitución porque “un gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”, al mencionar “las arbitrariedades” cometidas en su contra.

Resulta que la fiscalía argumentó “que estos tres gobiernos elegidos por el pueblo (el de Néstor Kirchner, de 2003 a 2007 y los dos períodos que ella encabezó) son una asociación ilícita para hacer 51 obras en Santa Cruz (…) Esta sola enunciación bastaría para que nadie tome seriamente esta acusación porque es ilógica, absurda, raya en el ridículo”, señaló.

Se preguntó “si tres gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas, ¿qué pasa con todo lo acontecido en 15 años en la República Argentina? (…) llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podrá estar en esta causa porque no es fiscal, porque se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita”.

Fernandez de Kirchner preguntó a los jueces: “¿Se dan cuenta adónde vamos? Al desastre que hoy en cierta manera también tenemos en la República Argentina en el ámbito judicial”.

Anticipó que pondrá ante los argentinos y ante el mundo mediante su plataforma todo lo ocurrido en este debate, que “complica a un país; lo torna poco serio; lo pone casi al borde del ridículo”.

Otro tema muy fuerte es que la fiscalía “se arrogó la supremacía sobre los otros dos poderes (del Estado). No, no, no”, rechazó la Vicepresidenta, dirigiéndose a los magistrados: “Va de suyo que esto no es así, pero es lo que se afirmó en ese juicio”.

Recordó la anomalía que representa el hecho de que el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien forman parte del tribunal que la juzga, hayan participado en torneos en una propiedad del ex presidente Mauricio Macri.

En el caso específico de Luciani, denunció que su alegato fue “una intervención artística grandilocuente” e “histriónico” que solo expuso “mentiras, calumnias y difamaciones”. Mucho más y muy importante tema abarcó la vicepresidente en su alegato que contribuyó a demoler lo que pudiera haber quedado en pie de sus defensores.

Por su parte el abogado Carlos Beraldi se refirió a que los presupuestos de las obras eran aprobadas en el Congreso Nacional y describió como una "absoluta fantasía" de la fiscalía decir que se actuaba "como un instrumento de una asociación ilícita”.

Frente a la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y a su pedido de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, la fiscalía incurrió en “mala praxis” y “vulneración del derecho de defensa” y se fragmentó la causa “deliberadamente para conspirar contra el descubrimiento de la verdad”.

Entre otros puntos, señaló que “no existe un solo elemento de prueba serio que indique que se hubieran pagado trabajos no realizados" y se preguntó: “¿Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan.

Las relaciones de jueces y fiscales con el gobierno de Macri son también una grave irregularidad. No se puede hablar de imparcialidad en este caso, lo que resulta un hecho irregular en la justicia.

Como en el caso de los defensores de otros importantes funcionarios a quienes sin prueba alguna se acusó en este juicio, lo que fue también desmontado por sus defensores, todos han pedido la absolución en esta causa, que tiene implicancia jurídica a nivel internacional.